El Tribunal de Cuentas ha criticado la poca eficiencia de las licitaciones y los concursos de las empresas públicas estatales. De hecho, el órgano alerta de que el criterio de precio para la concesión de contratos se ha utilizado, como mucho, en el 9% de los casos.
Así lo indica un informe del Tribunal sobre la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero en 2015 y 2016. En él, se denuncia la "escasa utilización del procedimiento de adjudicación en el que exclusivamente se atiende a la mejor oferta económica , es decir, el criterio precio, que salvo para los proyectos complejos que puedan ser susceptibles de mejoras técnicas por empresas especializadas debería ser el más eficiente".
Este procedimiento solo se utilizó para adjudicar 380 millones en 2014 -un 7,2% del total-, 472 millones en 2015 y 393 millones en 2016 -un 9% en ambos casos-.
No es este el único problema que señala el Tribunal de Cuentas en cómo contratan los entes estatales. Según el informe, el número de contratos adjudicados mediante el procedimiento abierto fue muy similar al del criterio precio, es decir, bajo. aunque los importes de los mismos fueron muy superiores a los antes mencionados. En 2014 se movieron por esta fórmula 2.745 millones en licitaciones -un 52% del volumen contratado-, al año siguiente 2.002 millones -un 38,5%- y en 2016 un total de 1.112 millones -un 26% del importe total-. Llama la atención que, año tras año, las concesiones por este procedimiento va a bajando. De ahí la alerta del órgano fiscalizador. Además, la contratación con publicidad supone solo un 30% del importe contratado.
Relación con las bajadas
Estas condiciones han sido clave para las bajadas de precios logradas a través de las licitaciones y su negociación. Aunque el descenso medio fue del 10,9% en 2015 y 2016, se acrecienta hasta el 20,2% en aquellos expedientes que se adjudicaron mediante el procedimiento abierto con criterios múltiples.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas celebra que la nueva Ley de Contratos del Sector Público suprima el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía "ya que se estaba utilizando de forma desproporcionada y sin motivación". Así, con su eliminación, se evita el riesgo de causar desigualdades entre licitadores.
Cambios y retrasos
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también considera clave "poner en marcha medidas y procedimientos que permitan efectuar una previsión más realista de los plazos y de los costes de ejecución de los contratos, destinando más recursos a las labores de estudio e investigación previa durante la fase de redacción de los proyectos". Esta recomendación en los proyectos llega por las imprecisiones de los mismos, que "suponen un aumento inevitable de los plazos y de los costes de los contratos".
Concretamente, se registraron 4.630 expedientes de incidencias a lo largo de la ejecución de los contratos de 2015 y 2016, cuyo impacto en el precio de los mismos fue de 953,4 millones en los precios y de 14.829 meses de retraso en los plazos de realización.
No faltan recriminaciones en el informe en transparencia. La diversidad de formatos de comunicación empleados por las empresas estatales para dar publicidad a su contratación "dificulta al ciudadano el acceso a la información". Además, el 3,8% de estas entidades carecen de página web institucional o incumplen la normativa en algún aspecto del contenido obligatorio.
De hecho, para el Tribunal de Cuentas la Plataforma de Contratación del Sector Público, que es la herramienta habitual para rastrear los contratos, no es "ágil" para acceder a la información contractual de estos entes.
