Londres
La aparente mejora de las posibilidades del acuerdo del Brexit en el Parlamento británico ha topado con la brecha que separa las demandas de los euroescépticos y el compromiso inexpugnable de la Unión Europea con la integridad del mercado común.
La formación de un comité de ocho expertos en Derecho en el seno del núcleo duro conservador había invitado al optimismo, al sugerir una vía de salida para el fiscal general del Estado, quien hoy mismo regresa a Bruselas para continuar la tarea de desbloquear el proceso, pero la realidad evidencia un cuadro complicado para Theresa May.
Su asesor legal, Geoffrey Cox, habría renunciado a las dos opciones de referencia para la salvaguarda irlandesa -la imposición de un límite temporal o un mecanismo unilateral de salida-, tras comprender que la negativa de Bruselas no es una táctica negociadora, sino una línea roja que los Veintisiete no están dispuestos a cruzar: la cohesión del mercado único es innegociable.
Aunque Cox intentó ayer restar importancia a las concesiones, Downing Street revela una bajada a la realidad. Su aspiración pasa por encontrar "cambios legalmente vinculantes" en la cláusula de seguridad irlandesa, "necesarios para asegurar" que la UE no retendría a Reino Unido "indefinidamente".
En otras palabras, en el Número 10 ya no hablan de máximo temporal, o de una fórmula para abandonar la salvaguarda, los dos elementos invocados para dar respuesta a la inquietud de Westminster.
Como evidencia de la distancia que separa a las partes, el ala dura tory ha dejado de considerar una extensión prolongada de la permanencia el peor de los escenarios. Si la primera ministra confiaba en que el riesgo de ampliar el artículo 50 hasta final de 2020 bastaría para atraer al frente antieuropeo, este ha reventado sus esperanzas, ya que ahora creen que prorrogar la ruptura tiene más sentido que aceptar el "desastroso" plan de la premier.
Su razonamiento no responde a una suavización de su postura, sino a pragmatismo puro: la transición estipulada por el acuerdo a partir del 29 de marzo no cambiaría, en términos prácticos, prácticamente nada, pero dejaría a Reino Unido fuera de la mesa de negociaciones. Como consecuencia, retrasar el divorcio permitiría ejercer presión en las instituciones, incluso si obliga a tomar parte en las elecciones europeas de mayo, ya que, en su opinión, estas llevarían a la Eurocámara una mayoría de parlamentarios proBrexit, que se mostrarían "robustos a la hora de defender los intereses de Reino Unido y dificultar los planes centralizadores de la UE".
Por si fuera poco, el Gobierno ha experimentado una decepción adicional con el denominado Fondo para Ciudades Más Fuertes, una partida de cerca de 2.000 millones de euros para dinamizar las áreas menos boyantes, muchas de las cuales habían votado a favor del Brexit. Sin embargo, los propios diputados conservadores han criticado un intento de soborno a los diputados laboristas que las representan, para que apoyen el acuerdo en la votación prevista, como tarde, el próximo martes.
