El pleno de Juntas Generales (parlamento provincial) de Guipúzcoa aprobó por mayoría, no por unanimidad, el dictamen de la comisión de investigación que ha analizado los pormenores del escándalo del fraude de la Hacienda de Irun. Dicho dictamen responsabiliza directamente a siete ex altos cargos nombrados por el PNV de un fraude que ha costado a las arcas forales cerca de ocho millones de euros.
El fraude, que también es objeto de investigación judicial, tuvo lugar en las oficinas de la Hacienda Foral de la localidad fronteriza de Irun. Al parecer, el director de dicha oficina, José María Bravo, se quedaba con las cantidades que abonaban los contribuyentes que negociaban pagos atrasados con el fisco. El fraude se prolongó entre 1991 y 2003 sin que fuera detectado por los mecanismos de control de Hacienda.
Durante el pleno, los junteros del PNV asumieron la mayor parte del texto del dictamen, el que relataba los términos del fraude y los errores y omisiones administrativas que habían favorecido su existencia. Sin embargo, a la hora de atribuir las responsabilidades políticas personales, el PNV trató de bloquear las conclusiones mediante numerosos votos particulares. Sin embargo, su falta de mayorías favoreció que se aprobase el texto elaborado por la comisión de investigación.
Siete personas con responsabilidades
Los siete cargos a los que se atribuyen responsabilidades, en diversos grados, son: los que fueran diputados de Hacienda, Anton Market y Juan José Mujika; el ex director de Finanzas, Juan Romero Landa; y los que fueron directores de Hacienda, Victo bravo, Juan Romero, Iñaki Rica y Asier Esnal. También se incluye una crítica, aunque de menor intensidad, al anterior diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri, que permitió que se cerrase la primera auditoria que alertaba sobre las irregularidades.
El PNV, que insistió que el fraude nada tiene que ver con su partido, sólo accedió a atribuir responsabilidades políticas sobre Anton Market, con la circunstancia de que fue este mismo el que reconoció su responsabilidad ante la comisión de investigación; y sobre Víctor Bravo, hermano del principal autor del fraude y que en el momento en que se descubrieron los hechos ostentaba el cargo de senador del PNV, cargo del que hubo de dimitir.
El socialista Julio Astudillo, que ha presidido la comisión de investigación, ha explicado que a pesar de que el dictamen no tendrá consecuencias prácticas, dado que ninguno de los siete responsables ocupan ya cargo alguno en la Diputación, "si tiene una importancia de una magnitud muy grande. La declaración aprobada supone sacar tarjeta roja a la gestión de la Hacienda Foral". Asimismo, recalcó, que a pesar de las aseveraciones de los actuales responsables forales de que ha sido la propia Diputación la que ha destapado e investigado los hechos, lo cierto es que "la verdadera auditoría la han hecho las Juntas Generales, durante todo un año de duro trabajo".