Tensa se augura la sesión del pleno de las Juntas Generales (parlamento provincial) de Guipúzcoa que este jueves someterá a votación las conclusiones de la comisión de investigación encargada de analizar las responsabilidades políticas por el fraude.
Las irregularidades tuvieron lugar entre 1991 y 2003 a través de la oficina de Hacienda de la localidad fronteriza de Irun, dirigida entonces por José María Bravo. Desde la propia Hacienda y durante una década algunos contribuyentes fueron estafados cuando pensaban que cumplían con sus obligaciones fiscales. Hicieron pagos al director de la oficina de Hacienda que después no llegaron a ingresarse en las cuentas del fisco.
El dictamen de la comisión de investigación, de 51 páginas y que será sometido a votación en el pleno de mañana jueves, atribuye responsabilidad es políticas a 7 ex altos cargos de la Diputación, todos ellos vinculados al PNV. Estas atribuciones no tendrán consecuencias prácticas, ya que ninguno de los recriminados ocupa ya cargo alguno.
Los siete cargos a los que se atribuyen responsabilidades, en diversos grados, son: los que fueran diputados de Hacienda, Anton Market y Juan José Mujika; el ex director de Finanzas, Juan Romero Landa; y los que fueron directores de Hacienda, Victo bravo, Juan Romero, Iñaki Rica y Asier Esnal.
El dictamen realiza también una crítica al anterior diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri, que permitió que se cerrase la primera auditoria que alertaba sobre las irregularidades. Sin embargo, en este caso suaviza el grado de responsabilidad.
Fraude y falta de control
El fraude en si consistía en que José María Bravo negociaba con los contribuyentes que tenían pagos pendientes, rebajas o aplazamientos de las deudas, a cambio de pagos en metálico. Parte de estos fondos no llegaron nunca a Hacienda.
Para que esto pudiera desarrollarse impunemente entre 1995 y 2003, tuvieron que fallar muchos sistemas de prevención y control. La comisión de investigación denuncia los "·deficientes" sistemas de control establecidos en Hacienda.
Además, la comisión atribuye al ex senador y ex director de Hacienda, Víctor Bravo, además hermano del principal imputado, la responsabilidad de evitar que funcionasen los nuevos sistemas de control interno puestos en marcha a partir del año 2000.
Otro polémico aspecto fue el archivo de una auditoría que en 2005 alertó de la existencia de las posibles irregularidades en las declaraciones de bajas por insolvencias de contribuyentes. Pero, a finales de 2005, a raíz de las denuncias de dos empresas, la Diputación tuvo que reabrir el asunto y esta vez ponerlo en manos de la Fiscalía.
Proceso judicial
El Juzgado de Instrucción nº 2, que lleva el juez Julián García Marcos, tiene abierto un sumario, en el que figuran cinco imputados, por apropiación de 1,8 millones.
La diferencia entre las cifras del fraude de la comisión de investigación y del proceso judicial, radica que el juez contabiliza las cantidades que se habría apropiado indebidamente José María Bravo; mientras que la comisión política suma las cantidades que dejó de ingresar la Hacienda como consecuencia del conjunto del fraude. La Fiscalía, que considera que Bravo habría condonado deudas fiscales por valor de más de 6 millones.
En mayo de 2007, el juez decr5etó el ingreso en prisión de José María Bravo, mientras que su hermano, el entonces senador por el PNV, Victor Bravo, hubo de presentar su dimisión al verse salpicado por el escándalo, ya que entre 1991 y 2003 ocupó el puesto de Director de Hacienda de Guipúzcoa.
José María Bravo salio de prisión en octubre de 2008, una vez que su familia, que tiene embargados todos los bienes, logró reunir la fianza de 500.000 euros. Junto a Bravo, están imputados su esposa Rosa Cobos, la funcionaria de la oficina tributaria de la localidad fronteriza Pilar Gracenea y Pedro María Atristrain, socio del primer procesado. El juez ha desestimado imputar las empresas y contribuyentes que habrían negociado con Bravo pagos a la baja, ni tampoco a los asesores e intermediaros que negociaron directamente ante la oficina de Irún.
Otros escándalos de las Haciendas vascas
El fraude de Irún no es el único escándalo que ha afectado en los últimos años a las Haciendas vascas. En primavera de 2007, el que fuera candidato del PNV a diputado general de Guipúzcoa, Jon Jauregi, hubo de dimitir al conocerse que el que aspiraba a ser el máximo responsable de la Hacienda Guipuzcoana no declaraba la totalidad de su patrimonio al fisco.
En junio de 2005 un conflicto entre trabajadores de la empresa de seguridad se saldó con el incendio de uno de los edificios de Hacienda en San Sebastián, que destrozó el edificio, además de producirse un asesinato y un suicidio.
En Vizcaya, en mayo de 2003, la Fiscalía Anticorrupción procesó al que fuera responsable de Inspección de Hacienda durante quince años, Juan Ramón Ibarra, por un supuesto trato de favor ?bloqueando inspecciones fiscales- a grandes contribuyentes, fundamentalmente empresariales, a los que se relacionaba como próximos al PNV.
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