El fracaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno ha provocado que, casi con toda seguridad, en 2019 vayan a regir las Cuentas de 2018 prorrogadas, dado que tras las elecciones del 28 de abril no va a quedar prácticamente tiempo para aprobar unas nuevas. Lo alarmante es que, sin haber terminado febrero y según ha podido saber elEconomista, ya se ha gastado más del 50% de los fondos disponibles en varias partidas ministeriales.
Así lo indican fuentes del Ministerio de Hacienda, que explican que la puesta en marcha de la prórroga presupuestaria obliga a una mayor fiscalización de la inversión pública. Concretamente, todo gasto de los ministerios es vigilado por la Hacienda Pública que dirige María Jesús Montero. De hecho, cuando la inversión de una partida supere la mitad de lo previsto por la prórroga, cualquier gasto a partir de este punto tendrá que haber sido autorizado previamente por Hacienda, algo que ya ha ocurrido en varios ministerios.
Esto evidencia que más de la mitad del gasto previsto para 2019 ya estaría ejecutado en algunas políticas, situación que pone en un brete la liquidez pública. Como ya contó elEconomista, la carencia de un presupuesto aprobado provocará que el déficit se dispare por encima del 2,4% del PIB, según la ministra Montero. Es decir, que el desfase será de más de 13.000 millones de euros, dado que el objetivo de déficit para 2019 es del 1,3%.
Todo esto va a suceder sin tener en cuenta posibles gastos suplementarios en los que puedan incurrir los ministerios o el Estado. De ahí que la acción fiscalizadora de Hacienda se torne fundamental, a pesar de que el Gobierno ya está planteando inversiones adicionales para este 2019, como la aprobación del subsidio para mayores de 52 años y las cotizaciones de las cuidadoras de dependientes con cargo a las Administraciones Públicas. Medidas que, sumadas, significarán 638 millones, que se tendrán que restar de las arcas del Gobierno.
Precauciones
Hacienda se lanzó a aclarar su papel en la prórroga presupuestaria después de que el miércoles la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, denunciara que el Gobierno limita el gasto de los departamentos al 50% en pro del orden fiscal.
Desde Hacienda aseguran que tal limitación no existe, sino que lo que se produce es un mayor control y fiscalización de la inversión pública para garantizar que se mantiene el proceso de reducción de la deuda y se posibilita el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y la regla de gasto vigentes.
Sin embargo, lo cierto es que las condiciones y la burocracia que implican el gasto en prórroga presupuestaria son draconianas. Los ministerios tienen que remitir a Hacienda un calendario semestral, que tiene que ser autorizado, en el que se recojan las actuaciones que tengan previsto llevar a cabo este año y que conlleven gastos como, entre otros, subvenciones, los financiados con créditos gestionados por las comunidades autónomas, cuotas o aportaciones a organismos internacionales, transferencias a sociedades o entidades públicas, adquisición de acciones y participaciones, aportaciones patrimoniales o concesión de préstamos.
Además, los ministerios tendrán que presentar la certificación de la oficina de contabilidad o del sistema de información contable sobre el cumplimiento del límite de aprobaciones de gasto del 50%.
Dificultades
Esta es solo otra de las dificultades que presenta la prórroga presupuestaria a la que se enfrenta España en este 2019. Más peliaguda es la situación de las comunidades autónomas: las regiones se enfrentan a perder más de 9.000 millones de financiación tras el veto a los Presupuestos. Esta cantidad supone la suma del alza de las entregas a cuenta, prevista para este año de 6.673 millones, que el Gobierno no sabe cómo va a tramitar en estos momentos, y los 2.500 millones correspondientes a un mes de IVA de 2017 y que las autonomías no podrán cobrar por un cambio que ejecutó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el sistema de cobro de este impuesto durante su mandado y que no se ha corregido.
'Sí' del Senado al Estatuto valenciano
El Pleno del Senado aprobó este miércoles la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que incluye que las inversiones del Estado en esta región deberán ser equivalentes al peso demográfico de la región, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación. El resto de grupos que participaron en el debate previo a su aprobación se han felicitado del consenso con el que ha llegado a la Cámara Alta la reforma. De hecho, el texto ha llegado al Senado con un amplísimo consenso del Congreso, donde todo los grupos lo apoyaron salvo la formación naranja. Una vez aprobada, entrará en vigor la reforma, que se aprobó en Les Corts hace ya casi ocho años.