Bruselas (Bélgica)
Con la precampaña para las elecciones europeas ya en marcha, y la presión de las fuerzas euroescépticas en la nuca, la maquinaria comunitaria se anotó ayer un tanto con el acuerdo para crear una Autoridad Laboral Europea.
En un tiempo récord (11 meses desde que la Comisión Europea realizó la propuesta), la Eurocámara y los Estados miembros lograron un acuerdo político que reforzará la protección los derechos de los trabajadores europeos, y ayudará a luchar contra potenciales abusos que puedan sufrir sobre todo los más de 17 millones de trabajadores desplazados.
El acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo
El acuerdo, que deberá aun ser ratificado por el pleno del Parlamento Europeo y el Consejo (que agrupa a los Estados miembros), además dejó a todas las partes satisfechas, también a los sindicatos europeos, quienes consiguieron incluir gran parte de sus demandas.
Así, los representantes de los trabajadores podrán presentar directamente quejas de empleados al nuevo organismo, sin tener que pasar por las autoridades nacionales. La nueva autoridad europea también se encargará de lidiar con asuntos relacionados con falta de coordinación entre socios en el campo de la seguridad social, a pesar de que algunos Estados miembros no querían incluir esta materia en su radio de acción.
"La Autoridad Laboral Europea es una pieza importante del rompecabezas que falta" para garantizar que Europa defiende la "movilidad laboral libre y justa", comentó ayer el ponente del Parlamento, Jeroen Lenaers (PPE, Países Bajos).
"Es hora de que una Autoridad Laboral Europea apoye a nuestros ciudadanos desplazados, facilite el trabajo de nuestros Estados miembros y garantice la equidad y la confianza en nuestro mercado único", comentó en un comunicado el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
Su comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, destacó el perfil operativo de la nueva entidad, tanto para asegurar que se cumplen las reglas en materia laboral como para organizar inspecciones en caso de posibles abusos.
De hecho, la denominación del nuevo organismo como autoridad para subrayar esta naturaleza operativa, en vez de agencia, fue contestada por algunos países del Este y Alemania. Sin embargo, una mayoría cualificada de socios finalmente se alineó con la posición de la Comisión y de la Eurocámara.
Uno de los principales logros será la capacidad de la nueva autoridad europea para lanzar inspecciones conjuntas o en coordinación con Estados miembros cuando se produzcan denuncias, especialmente relevante para europeos desplazados en otro socio de la UE.
Aunque las autoridades nacionales no estarán obligadas a participar, Lenaers advirtió que "un simple 'no' no será suficiente" para escapar.
Los países que rechacen su participación en estas inspecciones tendrán no solo que argumentar su ausencia, sino también proponer soluciones para abordar las quejas presentadas en ese caso en particular.
Además, la nueva autoridad europea podría tomar medidas adicionales para garantizar un seguimiento adecuado del caso.
Liina Carr: El acuerdo "no es perfecto, pero representa un éxito"
Liina Carr, secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, comentó a elEconomista que el acuerdo "no es perfecto, pero representa un éxito".
Carr lamentó que sectores importantes como el transporte fueron excluidos del acuerdo, ya que Polonia y otros vecinos del Este lograron limitar el alcance. No obstante, el texto incluye una cláusula de revisión para ampliar las áreas cubiertas en el futuro.
La nueva autoridad también será fundamental para luchar contra las entidades fraudulentas, como las "empresas-buzón" establecidas en países como Luxemburgo para eludir impuestos.
