Rafael van Grieken Salvador ha sido vicerrector de Investigación de la URJC durante diez años hasta su nombramiento como director de Aneca en junio de 2012, cargo en el que ha permanecido hasta su nombramiento como consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
¿La concertada puede sentirse amenazada en la Comunidad de Madrid después de la nueva ley educativa? ¿Qué es para usted la escuela concertada? ¿Qué aporta?
La enseñanza concertada aporta diversidad y permite elegir libremente a las familias, entre los distintos proyectos educativos, aquel que se adapta mejor a sus convicciones o preferencias. El anteproyecto de nueva ley educativa supone un ataque directo a esa diversidad en varios frentes; no sólo pretende convertir a la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública y limitar el margen de acción de sus promotores; también es un ataque a la posibilidad de emprender proyectos y programas diversos en la educación pública, como el bilingüismo o la introducción de nuevas materias como la Programación y la Robótica. Está comprobado que la calidad educativa se enriquece con esa diversidad, pero la nueva ley va en dirección contraria, y marcha atrás.
Estamos presenciando continuamente la aparición de pedagogías emergentes. ¿Cómo saber cuál es el camino a seguir en esta avalancha de conceptos, teorías y modelos?
Ese afán por innovar, y por explorar metodologías nuevas, es positivo en el sentido de que incentiva a los docentes a buscar la mejora permanente, vías para lograr una mayor atención de los alumnos o que estos adquieran las competencias y conocimientos necesarios de manera más eficaz. En este sentido, no hay un único camino. Ahora bien, esa mayor autonomía pedagógica debe ir acompañada de una rendición de cuentas, y por eso es bueno que haya evaluaciones y pruebas que permitan determinar que los objetivos se están logrando.
La innovación educativa se ha convertido en un reclamo publicitario. ¿Cómo pueden los padres distinguir el grano de la paja?
Creo que la elección de centro se debe a una suma de factores y no creo que ninguna familia se deje llevar por un eslogan a la hora de elegir colegio. Lo importante es garantizar que, dentro de la diversidad de proyectos, todos los centros ofrezcan una enseñanza de calidad y garanticen la igualdad de oportunidades.
¿Cuáles son las novedades para la educación madrileña?
El programa STEMadrid para incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los alumnos, la entrada en vigor del programa ACCEDE para el préstamo de libros, el Plan Impulsa para dotar de apoyos adicionales a centros situados en un entorno socioeconómico difícil o con un clima de convivencia complicado son algunas de esas novedades. También seguiremos incentivando y extendiendo programas innovadores, como Educar para Ser, para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos, o el Dytective, para la detección temprana de la dislexia.
¿Están los centros educativos más concienciados del problema real del acoso escolar?
Creo que, afortunadamente, toda la sociedad, y por supuesto los centros, están más concienciados y, lo que es más importante, hoy los centros y los docentes cuentan con muchas más herramientas para afrontar ese problema. Todos tienen un protocolo de actuación, cuentan con tests como el Sociescuela que permite detectar dinámicas potenciales de acoso para actuar previniendo esos problemas, cuentan con una unidad especializada de apoyo a la que pueden recurrir, programas de formación del profesorado específicos e incluso las familias tienen a su disposición un curso on-line para aprender a detectar mejor cualquier problema de convivencia y tener estrategias de actuación adecuadas.
¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley educativa?
Está viciada desde el origen, porque es una ley que se ha elaborado sin contar con la comunidad educativa, con otras fuerzas políticas o con las comunidades autónomas que debemos implementarla. Y en cuanto a su contenido, es una ley que busca recortar la libertad de elección de las familias, la autonomía de las regiones o de los centros para desarrollar proyectos propios o la exigencia, con el único fin de maquillar las estadísticas de resultados. Es una ley que lejos de mirar al futuro y afrontar los retos de la educación del siglo XXI, nos lleva de vuelta a las leyes pasadas (LOE-LOGSE), a 2006.
¿Deben volver las competencias educativas al Estado?
El Estado tiene que garantizar que en todo el territorio nacional se den unos contenidos comunes, que se garantice una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, que se pueda estudiar en la lengua de todos los españoles. Pero esta responsabilidad del Estado no es incompatible con lo que se ha demostrado que funciona bien, y lo que ha permitido que la Comunidad de Madrid cuente con un sistema de educativo a la altura de los mejores de Europa y del mundo, como lo demuestran todas las evaluaciones internacionales.
En las oposiciones a profesor hay plazas que se han quedado sin cubrir. ¿Eso significa que los docentes de ahora están peor preparados?
Creo que generalizar sobre la preparación de los docentes opositores a partir de una convocatoria puntual no es razonable. El sistema de oposiciones es exigente precisamente para garantizar que quienes acceden a una plaza de funcionario en el sistema educativo tienen los conocimientos y las competencias pedagógicas exigibles para contribuir a la permanente mejora de ese sistema. Una convocatoria es eso, una oportunidad, y habrá otras, pero el objetivo de garantizar la calidad del sistema nunca ha de ponerse en cuestión con el único fin de ocupar las plazas.
¿Cree que habría que cambiar el sistema de contratación del profesorado?
Creo que hay un debate pendiente más amplio sobre la formación del profesorado, cómo podemos abordar la selección del mismo para seguir buscando esa mejora permanente, pero también cómo desarrollar una verdadera carrera profesional docente; y precisamente por ello resulta también un error el abordar con prisas y sin consenso la aprobación de la nueva ley.
En Madrid hay innovación educativa en algunos centros, pero no es algo común a todos.
Creo que hay centros que ponen más énfasis en la innovación, pero no creo que haya ninguno que esté exento de innovar en algún aspecto, porque todos en mayor o menor medida van cambiando la forma de hacer las cosas, los profesores van afinando estrategias, se introducen nuevos programas… Hay centros excelentes que no hacen bandera de la innovación, porque ponen el énfasis en otros aspectos, pero eso no quiere decir que no busquen la mejora permanente.
¿Cómo ha afectado el caso Cifuentes a la universidad española? En concreto a la madrileña.
La Comunidad de Madrid cuenta con un gran sistema universitario de calidad. Más de la cuarta parte de sus alumnos vienen de otras comunidades autónomas y también 16.000 estudiantes llegan de fuera de España, casi el 7% del total. Cuenta con miles de docentes que cada día se esfuerzan en mejorar la calidad de la enseñanza, y de investigadores que trabajan para lograr avances y descubrimientos que mejoren nuestra vida. Pensar que todo ese trabajo se pueda ver afectado por una presunta irregularidad concreta de un instituto asociado a una universidad, irregularidad que está siendo investigada, me parece inverosímil. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando en la universidad, madrileña y española, pero ese es un objetivo permanente, no suscitado por el llamado caso Cifuentes.
¿Por qué tanto foco puesto en la Formación Profesional? ¿Sigue estando estigmatizada?
El foco está puesto porque cada vez más los alumnos se dan cuenta de que es una oferta formativa que aporta excelentes oportunidades laborales. En los últimos años hemos introducido en la Comunidad de Madrid muchas mejoras para hacer de la FP una opción más atractiva, especialmente a través de la oferta Dual, pero también del bilingüismo, de la implantación de nuevos ciclos, la creación de nuevos centros específicos, implantación de proyectos propios en los centros, etc. Los porcentajes de inserción laboral en el primer año tras terminar los estudios se acercan en algunos ciclos al 80%. Es importante que las familias y los alumnos conozcan estos datos antes de tomar una decisión, porque el estigma, si aún existe, está radicado en el desconocimiento.
¿Cómo valora a Madrid en el informe PISA?
En el anterior informe PISA, de 2015, la Comunidad de Madrid se situó a la cabeza de España y muy por encima de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE en las tres competencias evaluadas, Ciencias, Lectura y Matemáticas. Este año se publicarán los resultados de la evaluación realizada en 2018, y estamos deseando conocerlos para constatar si las políticas llevadas a cabo permiten mantener ese liderazgo tanto en la calidad como en la equidad del sistema. Desde luego mi deseo es que se confirmen esos buenos resultados o incluso una evolución en positivo, pero si hubiese un retroceso en alguna de las competencias estudiaremos cómo abordar su mejora, porque en el fondo ese es el objetivo principal de las evaluaciones PISA o de cualquier prueba estandarizada.
¿Qué medidas van a adoptar para frenar el abandono escolar?
En la Comunidad de Madrid la tasa de abandono se situó a finales del curso pasado en un 14,5%, casi cuatro puntos por debajo de la media española, que fue del 18,3%. Hace ya tres años que alcanzamos el objetivo fijado para España en 2020, que es el 15%. Dicho esto, seguiremos trabajando en todos aquellos aspectos que abundan en la atención individual al alumno, porque aunque el abandono se consume al final de la etapa obligatoria, la semilla está puesta en la Primaria, en aquellos alumnos que arrastran malos resultados y escasa adquisición de las competencias básicas desde las primeras etapas.
¿Hay alguna posibilidad de que haya un pacto por la educación que incluya al PP?
El Partido Popular ha demostrado su disposición a establecer pactos educativos. En el ámbito regional, nosotros promovimos un gran acuerdo con la participación de toda la comunidad educativa cuyas medidas fueron aprobadas mayoritariamente en el seno del Consejo Escolar. En el terreno nacional, el Partido Popular promovió un Pacto de Estado por la Educación, pero la espantada del Partido Socialista dinamitó cualquier posibilidad de consenso. Y cuando se produjo el cambio de Ejecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez -lejos de buscar el acuerdo y el diálogo- ha optado por presentar un nuevo anteproyecto que no goza del apoyo de la comunidad educativa. Creo que a día de hoy la única esperanza de volver a una senda de acuerdos es, por tanto, que gobierne el Partido Popular.
