La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha derivado este martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las posibles inspecciones a los padres de alumnos escolarizados en colegios concertados que se han desgravado donaciones por esa formación en su Declaración de la Renta. Desde el Gobierno socialista creen que esos pagos no se pueden considerar donaciones al tener una contraprestación como es la propia educación que reciben los niños.
Así lo afirmó a la prensa antes de participar en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados en relación a si se producirán esas inspecciones a las desgravaciones por donaciones realizadas a entidades sin fin de lucro que respaldan muchos centros educativos.
Sin donación no hay deducción
Hacienda argumenta que esta acción no significa en ningún caso un cambio de criterio respecto a los pilares en los que se apoya el sistema tributario. Fuentes del ministerio aseguran que su postura siempre ha sido la misma y si existe una contraprestación (en este caso unos servicios educativos) no se pueden considerar donativo las aportaciones que realizan los padre y, por ende, no es deducible en la Declaración de la Renta.
En una nota enviada por el propio ministerio de Hacienda se aclara que "no se ha producido ningún cambio legal ni de criterio. La actuación de la Agencia Tributaria en este ámbito sigue siendo la misma que en los últimos años y, como no puede ser de otra manera, se exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio".
La ministra ha confirmado que el Gobierno pretende reclamar con carácter retroactivo a los padres estas desgravaciones. Además, Celaá ha subrayado que aunque la mayoría de las familias no se lo hayan deducido como donación en los casos que haya sido así se procederá a una regularización y deberán devolver el beneficio fiscal obtenido, con intereses de demora.
Críticas de la oposición
Sobre el mismo asunto se pronunció la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Martín, que acusó al Gobierno socialista de intentar "sablear a la clase media trabajadora a través de políticas ideológicas". Según sus cálculos, "las revisiones pueden llegar a hasta los 3.000 euros en una familia media".
"Esto viene a ratificar la batalla de Celaá en contra de la concertada", aseveró, línea que en su opinión sigue el Ministerio de Educación, primero con el anuncio de eliminar la demanda social para construir nuevos colegios concertados "y parece que ahora también se están planteando cuestiones económicas".
"Es un impuesto ideológico", concluyó Martín, con el deseo en su grupo de que "no sigan machacando a los padres que quieren llevar a sus hijos a la concertada", una educación que "está puesta por los socialistas".
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