Sevilla
"El bienestar en Andalucía se llama empleo. Lo que más preocupa a los andaluces es el empleo. Toda política social comienza por el empleo. En consecuencia, señorías, la tarea más importante entre las que ha de abordar mi Gobierno será el empleo". Con estas palabras pronunciadas en el debate de investidura por Juan Manuel Moreno Bonilla en el Parlamento Andaluz definió la que será la prioridad del primer presidente de la Junta de Andalucía que no pertenece al PSOE. No en vano, fue una de las promesas clave en su campaña electoral, en la que prometió la creación de 600.000 empleos en cuatro años.
Los populares han tenido que esperar décadas antes de ver hecho realidad su sueño de poder gobernar en Andalucía, la región más poblada de España -con 8,5 millones de personas- y desbancar a los sucesivos gobiernos socialistas.
En esta ocasión, el PP lo ha conseguido gracias al acuerdo a tres bandas alcanzado por un lado con Ciudadanos -con el que firmó un Pacto de Gobierno- y con el apoyo de Vox -con el que firmó un Pacto para la Investidura-.
El acuerdo con la formación naranja se materializó días después, el 22 de enero, con la toma de posesión del nuevo Ejecutivo autonómico, presidido por Juanma Moreno, y con la Vicepresidencia de Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía. Ambas formaciones se han repartido las 11 consejerías -dos menos que el Gobierno de Susana Díaz-, de manera que seis quedan en manos del PP y cinco en manos del partido de Albert Rivera.
Marín se ha quedado con una superconsejería, que incluye Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. En la primera de las áreas gestionará uno de los sectores que se han convertido en motor económico de Andalucía, con 30,6 millones de visitantes en 2018, que dejaron más de 21.100 millones.
Para contrarrestar ese gran departamento, Moreno ha puesto a su mano derecha, Elías Bendodo -hasta la fecha presidente de la Diputación de Málaga- al frente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Será al que le tocará lidiar con uno de los nudos gordianos de la Junta: la gestión de los más de 270.000 empleados públicos andaluces y la efectividad de una Administración puesta en entredicho.
Tanto los populares como Ciudadanos llevan años denunciando la politización de la Administración andaluza, la creación de entes instrumentales sin control, la colocación de afines al PSOE en puestos de todos los niveles y la entrada de empleados públicos sin oposiciones. Según los datos ofrecidos por el Gobierno saliente, existen unos 300 entes en la denominada "Administración paralela", en la que trabajan más de 27.000 personas.
Precisamente, y para saber por dónde afrontar el actual entramado del sector público, la primera medida del primer Consejo de Gobierno, celebrado este sábado de manera extraordinaria en Antequera, fue encargar una auditoría integral de la Junta de Andalucía y de su sector público instrumental.
Una de las consejerías que provocaron cierta tensión en el reparto fue la de Hacienda, que finalmente quedó en manos del PP. Moreno Bonilla ha confiado este departamento, que también incluirá Industria y Energía, en Alberto García Valera, un reconocido técnico en la materia que fue director de la Agencia Tributaria en Andalucía y posteriormente director general de Tributos en el Gobierno de Rajoy.
Es a este consejero al que corresponderá poner en marcha el nuevo presupuesto para la comunidad para el presenta año -que quedó sin aprobar- y cumplir con una de las grandes promesas electorales de Moreno Bonilla: la que denominó "bajada masiva de impuestos", que comenzará de manera inmediata con los trámites para eliminar en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía; así como la rebaja del tramo autonómico del IRPF, y la reversión de la subida del Impuesto de trasmisiones.
Por su parte, Ciudadanos ha decidido confiar la Consejería de Economía y Conocimiento al reconocido catedrático Rogelio Velasco, actualmente profesor en el Instituto de Empresa. Tras su toma de posesión, insistió en que impulsará medidas de "reactivación económica" que espera que se empiecen a notar "en un plazo mediano" de tiempo para que "la economía andaluza crezca más, genere más empleo y esté más diversificada sectorialmente".
Al frente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Ciudadanos ha situado a otra independiente, Rocío Blanco, quien reconoció en su toma de posesión que el paro "es la patata caliente en Andalucía y hay que abordarlo cuanto antes". No en vano, el número de desempleados registrados en las oficinas del Inem en Andalucía se sitúa en casi 800.000 personas (788.767), tras bajar en 36.597 durante el año 2018.
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