Milán
Bruselas acaba de dar su visto bueno provisional al presupuesto italiano, pero ahora Roma ahora tiene que ponerse manos a la obra para aprobar el acuerdo antes del 31 de diciembre y evitar una prorroga de la actual ley presupuestaria. El Parlamento tendrá que trabajar a contrarreloj, incluso durante las fiestas, para lograr el objetivo y sin otra opción que aprobar el texto pactado con la Comisión Europea sin debatirlo.
La tensión empezó a subir el jueves en el Senado, la primera cámara del Parlamento en aprobar la nueva versión de los Presupuestos para 2019. El día anterior el primer ministro Giuseppe Conte, hablando a la Cámara Alta transalpina, se había justificado indicando que los retrasos en el recorrido parlamentario del presupuesto, que suele aprobarse antes de Navidad, se deben a "un aplazamiento que no han sido causado por tensiones internas al Gobierno". "La ralentización se debe a la complicada negociación con la UE" indicó Conte.
Sin embargo, el Ejecutivo todavía no había difundido el texto definitivo de la ley presupuestaria, tanto que el presidente de la Comisión presupuestaria del Senado, Daniele Pesco, del Movimiento 5 Estrellas, no tuvo más remedio que cancelar el debate previo que suele celebrarse en la comisión: como el Gobierno tenía prisa, la ley fue votada directamente por el pleno del Senado durante la noche del pasado viernes (las votaciones empezaron a las once) dando a los senadores apenas cuatro horas para leer los centenares de páginas de la ley. "Una herida a la democracia", denunció Emma Bonino, excomisaria europea y exministra de Exteriores, ahora líder del pequeño partido europeísta +Europa, mientras también los senadores del Partido Demócrata abandonaron la Comisión presupuestaria en protesta contra la actitud de la mayoría "populista".
Y ahora en el Congreso
El guión promete ser el mismo en el Congreso, que ya votó un borrador de la ley presupuestaria a mediados de diciembre, pero tiene que pronunciarse sobre la nueva versión del acuerdo con Bruselas, con un breve debate y votaciones que se celebrarán entre el 28 al 31 de diciembre. La ley presupuestaria que ambas Cámaras del Parlamento italiano están examinando a contrarreloj no contiene, además, detalles sobre las dos medidas estrella del Ejecutivo populista: la bajada de la edad de jubilación y la renta de ciudadanía (un subsidio para las familias más pobres), que se aprobarán en enero a través de dos decretos-ley.
Para cerrar el acuerdo con Europa, el Gobierno tuvo que restar 4.600 millones a estas dos medidas, aunque simula que nada ha cambiado y trata de negar la evidente marcha atrás. "Las nuevas estimaciones económicas y financieras de las medidas que más habían llamado la atención de nuestros interlocutores europeos han indicado que necesitamos menos recursos de lo anunciado.
Esto nos ha permitido reducir el déficit del 2,4% al 2,04 por ciento sin cambiar los contenidos, ni los destinatarios, ni los tiempos de actuación de las dos medidas", indicó Conte la semana pasada en el Senado. El Ejecutivo decidió sacar adelante el Presupuesto en las dos Cámaras con dos mociones de confianza. El uso de esta herramienta fue muy criticado por el Movimiento 5 Estrellas cuando estaba en la oposición, pero ahora parece la única forma de evitar una prórroga en el Presupuesto.
Los Gobiernos, según prescribe la Constitución transalpina, pueden prorrogar el Presupuesto del año anterior durante cuatro meses. En la primera república, periodo de grand inestabilidad política que duró hasta 1992, la prórroga era la norma. Sin embargo ahora, con Roma vigilada de forma especial por la Comisión Europea, la situación es más complicada. Bruselas ha indicado que seguirá controlando la actuación de las medidas pactadas y en caso de incumplimiento en enero podría retomar el camino del procedimiento de infracción.
De hecho, la carrera de obstáculos a la que el Parlamento transalpino se enfrenta en estos días es solo un anticipo de las dificultades que Italia tendrá durante 2019. El acuerdo con Europa, aunque excluye el procedimiento de infracción, prevé una vigilancia reforzada sobre las cuentas públicas transalpinas con tres momentos de control: en abril, cuando el Ejecutivo tendrá que aprobar el nuevo Documento de Economía y Finanzas (DEF), la hoja de ruta presupuestaria italiana; en julio cuando, de acuerdo con Bruselas, Roma tendrá que decidir qué hacer con los 2.000 millones de gasto que de momento han sido congelados, como provisión en caso de que la previsiones económicas del Gobierno sobre el déficit resulten demasiado optimistas; y en septiembre, cuando Roma tendrá que enfrentarse al problema más grande, es decir, diseñar los Presupuestos para el año siguiente.
Para dar seguridad a la Comisión Europea sobre la estabilidad presupuestaria del país, el Gobierno se ha comprometido a recortar el gasto en 12.200 millones de euros en 2020. La herramienta utilizada es una "cláusula de salvaguardia" que supone un importante subida del IVA (por encima del 25 por ciento) si el Ejecutivo no encontrara recursos a través de otras medidas.
Una subida del IVA, sin embargo, sería fatal para una economía que ya se está ralentizando: el PIB transalpino entró en el tercer trimestre en terreno negativo por primera vez en cuatro años y las previsiones del Ejecutivo para el año que viene acaban de ser revisadas a la baja, pasando del 1,5 % al 1%.
