Las entidades locales mantienen sus reclamaciones para una regla de gasto más flexible que les permita utilizar el superávit que acumulan sus arcas.
Son conscientes de que gracias a él se equilibran las Cuentas del Estado, dado que la Administración Central y las comunidades autónomas están lejos de hacer los deberes, pero exigen contraprestaciones. Concretamente, que los fondos que se destinen a vivienda pública y políticas relacionadas con la misma no cuenten para el techo de gasto y se consideren inversiones financieramente sostenibles.
Los contactos para ello ya están avanzados. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda ya celebró una reunión técnica al respecto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, la cita clave será la próxima semana, el jueves 20, cuando sus representantes se reunirán con Pedro Sánchez para reclamarle "mejoras sustanciales" en la regla de gasto, como la citada.
"Sabemos que la regla de gasto está para quedarse, pero esperamos cambios en profundidad y mejoras en ella", explica Jorge García Castaño, delegado de Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, quien también traslada que se pedirán cambios en la propia Ley de Estabilidad, para facilitar el gasto de los ayuntamientos, de manera que también se amplíe el 'tempo' de duración de la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles.
Más competencias
Consciente de la importancia del superávit local en el equilibrio de las cuentas públicas, respalda la sugerencia lanzada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de que las autoridades locales capten competencias para poder ampliar su inversión. En este caso, García Castaño pone de ejemplo cuestiones relacionadas con el transporte público y las infraestructuras escolares.
El responsable madrileño, en un encuentro con medios de comunicación especializados en economía, considera que hay buenas vibraciones para que estos objetivos, al menos los relacionados con la vivienda pública, se puedan lograr. "Hay un nivel de comunicación y lealtad muy importante" con el nuevo Gobierno, argumenta, y espera que el decreto con el que se ejecutarán los susodichos cambios no se dilate en el tiempo.
En Madrid estas medidas son vitales. En el proyecto de Presupuestos que está diseñando el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, el gasto previsto en vivienda pública es de unos 163 millones de euros, una apuesta que cuadruplica los 37 millones que había presupuestados para este ámbito en 2014. Su inclusión dentro de la categoría de inversiones financieramente sostenibles permitiría ampliar considerablemente la capacidad de gasto del municipio.
