El Tribunal de Cuentas anunció ayer la condena contra el expresidente catalán Artur Mas y nueve exmiembros de su Govern a devolver los 4,9 millones que costó la celebración de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La sentencia considera "responsables contables directos" a Mas y a sus colaboradores (entre los que están los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega) por el gasto de fondos públicos en la organización del 9-N y les condena a asumir la pena de forma conjunta y solidaria.
No obstante, el Tribunal de Cuentas señala a Mas como el máximo responsable de la consulta, por lo que tendrá que responder por el resto si alguno de los condenados no puede hacer frente al pago.
La sentencia señala al exconseller de Presidencia Francesc Homs como responsable por los casi dos millones de euros destinados a financiar las campañas de publicidad institucional, los soportes informáticos, el envío de correo postal a los ciudadanos y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta. Por su lado, la exvicepresidenta Joana Ortega también debe responder por los medios informáticos utilizados y por el gasto de 865.674 euros en la página web institucional, la fabricación del material para la votación y el seguro de los voluntarios que participaron en el 9-N. El Tribunal también apunta a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por los 2,8 millones que costaron los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y su transporte a los colegios.
Reacción soberanista
Mas, Homs, Ortega y Rigau avanzaron ayer que recurrirán la sentencia, que consideran que "se encuentra muy lejos de la imparcialidad" y que es "un escarmiento" para todos aquellos que llevaron a cabo el 9-N. En un comunicado, recordaron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña descartó la malversación en la organización del 9-N (les condenó únicamente por desobediencia) y que la Generalitat no ha expresado sentirse perjudicada económicamente por los gastos de la consulta.
Por el contrario, el secretario general de Cs, Juan Marín, celebró que la condena muestra que no hay políticos "por encima de la ley", mientras que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidió a Mas que "aprenda" de la sentencia y que no "persista en el error".
