La apertura del juicio oral del procés dictaminada ayer por el Tribunal Supremo contra 18 procesados -incluidos todos los que se encuentran en prisión preventiva- añade presión a Pedro Sánchez ante las exigencias de los partidos independentistas catalanes de un gesto respecto a los presos soberanistas como condición indispensable para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El anuncio llegó al día siguiente de que Sánchez defendiese en el Congreso que el delito de rebelión requiere violencia armada, y ahora la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular -formada por Vox- tienen cinco días hábiles para presentar sus escritos de calificación -lo que sitúa el día 2 de noviembre como fecha límite, en pleno puente de Todos los Santos-, tras lo que se abrirá el turno para las defensas. Estas habían solicitado más de 300 diligencias de pruebas adicionales a la instrucción ya realizada por el juez Pablo Llarena, pero la Sala de lo Penal considera que el juicio oral será el escenario adecuado para la práctica de la prueba, dado que "la reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable".
De momento, el presunto delito de rebelión pesa sobre los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como sobre la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los hace un año líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Los exmiembros del Ejecutivo catalán ya mencionados también se enfrentan al delito de malversación, junto a otros compañeros suyos de entonces: Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Ellos tres han sido procesados además por un presunto delito de desobediencia, junto a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya.
El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, calificó ayer de "infamia" que se haya abierto juicio en vez de archivar la causa, y avisó sobre cualquier sentencia que no sea la absolución: "La enfrentaremos con la determinación del 1 de octubre y la fuerza del 3 de octubre".
Por su parte, Jordi Cuixart ha pedido al Supremo que expulse a Vox como acusación popular, argumentando que está utilizado esta figura como "polo de atracción electoral".
Prórroga en la AN
En otra de las causas vinculadas al procés, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una prórroga para presentar su escrito de acusación contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, informó Europa Press.