Bruselas
La Unión Europea tiene un problema con el blanqueo de dinero. A pesar de cinco revisiones de la legislación comunitaria en esta materia, algunos Estados miembros continúan siendo un coladero para introducir dinero de actividades ilegales.
El último escándalo de Danske Bank, que blanqueó alrededor de 230.000 millones de euros procedente de Rusia a través de una de sus minúsculas sucursales en Estonia, ha sido la gota que ha colmado un vaso ya repleto de vergonzosos casos que salpican a grandes entidades, como ING o Deustche Bank, y media docena de Estados miembros.
Los socios reconocen ahora que no se pueden fiar de sus propias autoridades y aceptan transferir competencias a los supervisores comunitarios para luchar contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo.
El pasado jueves, los líderes europeos se comprometieron a reforzar la legislación anti-blanqueo de capitales. Las conclusiones de la cumbre adoptadas por los jefes de Estado y de Gobierno piden que se aprueben para abril las últimas propuestas de la Comisión Europea para mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Será entonces cuando se disolverá el Parlamento Europeo para la celebración de las elecciones en mayo de 2019.
El paquete que se quiere cerrar antes de que termine esta legislatura es el que propuso la Comisión el pasado mes de septiembre. Los casos en Malta, Letonia, Estonia, Holanda, Alemania, y Dinamarca obligaron al Ejecutivo comunitario a reforzar un marco legal enmendado la pasada primavera.
Ejemplos de corrupción
Si en el caso de Danske Bank la Comisión considera que el supervisor danés no hizo lo suficiente, sus críticas son más rotundas en el caso de socios como Malta. El país está encorsetado en un entramado de corrupción, blanqueo de capitales e inseguridad, que se llevó por delante la vida de la periodista de investigación Daphne Caruana. La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha criticado con dureza la falta de acción de las autoridades para tomar medidas.
Estos casos, y otras sospechas relacionadas con los pasaportes que facilitan Malta o Chipre, a cambio de generosas cantidades, han llevado a Bruselas a reclamar más poderes. Sus ideas representan un giro copernicano que empieza a mover el punto de acción al centro frente a una responsabilidad que, hasta ahora, retenían las autoridades nacionales, incluidas las unidades de inteligencia financiera.
Por eso, las cinco directivas acordadas por Bruselas en este campo hasta ahora se centraban sobre todo en la mejora de la coordinación entre los estados miembros, además de poner en el radar nuevos activos para la supervisión, como los criptobienes.
La Comisión propuso el pasado mes dar mayores competencias a los reguladores europeos, en este caso a la Autoridad Bancaria Europea. El supervisor europeo tendría poderes para urgir a las autoridades nacionales a intervenir en casos sospechosos o incluso potestad para actuar directamente sobre entidades en el supuesto que los responsables del Estado miembro no procedieran como se esperaba.
Diferencias de criterio
La propuesta de la Comisión encara un camino cuesta arriba para conseguir ver la luz del día antes de que se disuelva la Eurocámara, tal y como quieren los líderes. Los expertos de los Gobiernos nacionales están estudiando la propuesta en los grupos técnicos. Pero en el debate político sobre este asunto durante el pasado encuentro de los ministros de Finanzas de la UE (el Consejo Ecofin) salieron a la luz las diferencias existentes.
Una mayoría de socios coincide en reforzar el marco de supervision y herramientas para evitar el blanqueo. Pero algunos países recelan de transferir poderes a entidades europeas, otros piden más tiempo para analizar las ideas de la Comisión, y algunos socios, como Alemania, creen que la entidad adecuada para encargarse de estas tareas no debería ser la Autoridad Bancaria Europea, sino el Banco Central Europeo, a través del supervisor único.
Precisamente el BCE, además de socios como Francia y algunos eurodiputados, han solicitado ir dos pasos más allá. No solo quieren transferir competencias sino crear un nuevo supervisor europeo para luchar contra el lavado de dinero. Aunque esa pueda ser la estación de destino en el lento progreso europeo en este campo, el consenso pasa por seguir el camino más posibilista trazado por la Comisión.
