El Gobierno de España hizo este viernes la mitad de los deberes que la Comisión Europea le ha encomendado si quiere recibir el visto bueno al borrador presupuestario presentado el lunes 15 de octubre. El texto de marras de la institución europea hace una serie de advertencias, bastante más de lo interpretado por Moncloa, sobre todo en lo relativo al aumento del gasto en 1,1 puntos y al desvío del déficit, dudando incluso del ajuste estructural. Por eso le pide ajustar 8.000 millones de euros, vía impuestos o vía recortes.
Este viernes, tras el Consejo de Ministros, sin la presencia del presidente, Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda daba a conocer los primeros pasos legislativos de tres medidas tributarias, a través de anteproyectos ley, que en su conjunto aportarán a las arcas públicas 2.878 millones de euros, según el Gobierno. Prácticamente la mitad de lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pronostica recaudar al final del ejercicio de 2019 -5.678 millones- con la lucha contra el fraude fiscal, transacciones financieras y tasa digital, y muy lejos de lo que pide la Comisión Europea, aunque quedan por desarrollar otras medidas fiscales como la tasa diésel o el incremento de IRPF para los trabajadores que ganen más de 130.000 euros al año.
Con mensaje claro para convencer a Bruselas, María Jesús Montero prologó los tres anteproyectos de ley remarcando que el Gobierno cumple con sus compromisos y demuestra que "avanza en la senda que nos hemos marcado". Un proyecto -recalcó como el día anterior hacía Sánchez en el marco de la cumbre comunitaria-, que por primera vez en 10 años España tendrá superávit primario, reducirá un 0,9 por ciento el déficit público y rebajará en 1,5 puntos de PIB la ratio de endeudamiento, contemplando el ajuste estructural del 0,4 por ciento", apostillo Montero.
En esa línea de alabanzas a su proyecto presupuestario, el mismo que no ha sido enviado a Europa, según la titular de Hacienda, por falta de tiempo, señaló que las tres medidas son "compatibles con la creación de empleo", situando esta tasa en 2019 en el 13,8 por ciento, "la cifra más baja desde 2008".
Una directriz europea
La lucha contra el fraude fiscal fue la primera medida anunciada por el Ejecutivo socialista, cumpliendo de este modo una directriz europea. Esta disposición recoge el control de las criptomonedas, estableciendo nuevas obligaciones sobre estas monedas virtuales. Obligará a quienes realicen operaciones con las mismas a que informen sobre esta operativa, y quienes tengan este tipo de monedas en el exterior también deberán informar de ellas en la declaración de bienes del extranjero. De otro lado, el anteproyecto comprende la prohibición de los software de doble uso que permiten manipular la contabilidad de las empresas. Para ello, se prohibirá la producción, tenencia y comercialización de estos programas informáticos, por lo que el fabricante o comercializador podrá ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en el que haya distribuido dichos programas.
El proyecto de ley de lucha contra el fraude también prohíbe las amnistías fiscales para, según Montero, evitar una situación tan "vergonzosa e injusta" como la amnistía aprobada por el Gobierno del PP en 2012. "Es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y supone una derrota para la consolidación del Estado de bienestar", subrayó.
Asimismo, la lista de morosos, que esta vez incluirá responsables subsidiarios, reduce el umbral de un millón de euros para aparecer en dicha lista, a 600.000 euros. La lucha contra el fraude limitará el pago en efectivo de las operaciones profesionales de 2.500 euros a 1.000 euros, mientras que el límite a particulares con domicilio fuera de España queda reducido de 15.000 euros a 10.000. El desarrollo de la directriz europea permitirá la ampliación de la lista de paraísos fiscales y el control de las apuestas deportivas, el cierre de las listas negras de operadores, sumando todas estas actuaciones una recaudación de 828 millones de euros.
Por cierto que el PP saludó ayer esta medida, de manera positiva, aunque ironizando al recomendar al Ejecutivo que "empiece su lucha contra el fraude fiscal por el Consejo de Ministros", ya que, dicen, "hay varios ministros con algunos problemas". De hecho, el PP viene reclamando explicaciones a los ministros de Educación, Isabel Celáa, y de Ciencia, Pedro Duque, sobre su comportamiento ante Hacienda.
Del lado institucional, la Agencia Tributaria calificó ayer de "fantástico" el incremento de competencias del organismo en materia de lucha contra el fraude y "elevadísimo" el potencial de las medidas normativas, por lo que cree que aumentará la recaudación que actualmente se encuentra ya en niveles récord.
El Impuesto sobre las transacciones financieras consistirá en gravar con un 0,2 por ciento las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Según dijo ayer la ministra, solamente se someterán a la tributación del 0,2 por ciento las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Sin embargo, no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas y, además, quedan fuera del ámbito del impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria.
Una recaudación dudosa
Para adecuarse a las nuevas áreas de negocio, la ministra de Hacienda justificó ayer otro nueva tasa, vía proyecto de ley, que gravará el 3 por ciento de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación y la venta de datos generados. Asegura Montero que esta medida no afectará a las pymes, solo a las empresas que facturen en el mundo 750 millones de euros, y en España a partir de 3 millones. Y asimismo, garantiza que siendo prudentes, recaudarán 1.200 millones de euros, cifra por debajo de la pronosticada por el PP, 1.500, si bien el Gobierno de Rajoy siempre habló de 600 millones, con muchas reservas.
Una encuesta oportuna
En medio de la escenografía presupuestaria y de la aplicación de nuevas figuras impositivas que recaerán sobre el bolsillo de los españoles, el CIS dirigido por el socialista José Félix Tezanos publicó ayer un sondeo incidiendo en datos como que el 57,4 por ciento cree que paga mucho en impuestos, siendo esta la cifra de esta serie más baja desde 2011 o, que el 79,7 por ciento de los españoles cree que en España hay mucho fraude fiscal. Asimismo, el CIS extrapola de los resultados de la encuesta que hoy hay más gente dispuesta a pagar más con el fin de mejorar los servicios públicos, concretamente un 45,1 por ciento, frente a un 19,6 por ciento.
Además, y en línea con los postulados tributarios adelantados por el Gobierno, el sondeo de Tezanos recoge que son precisamente la gestión de las pensiones y la ayuda a las personas dependientes los servicios con los que los encuestados están menos satisfechos, con una valoración negativa por parte del 70,5 por ciento y del 65,5 por ciento, respectivamente.