La energía es un bien esencial para la sociedad. Representa un insumo principal en los procesos productivos de las empresas, condicionando la productividad y competitividad. Además, para los hogares y las familias, la energía es un bien imprescindible para satisfacer las necesidades básicas, como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud.
Sin embargo, en España hay registrados 4,6 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza energética. Además, del Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, el Gobierno se ha comprometido en el plazo de cuatro meses a una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno sobre el terreno, el actual bono social eléctrico amplía su cobertura. Entre otras cuestiones, el Real Decreto-ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.
Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono. Por otro lado, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tiene al frente una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) respecto al de las familias biparentales.
Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.
Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra uno de cada diez hogares que tienen concedido el bono social eléctrico en España. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (86,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran aquellas provincias menos pobladas (Ceuta y Melilla apenas suman el 0,1% de beneficiarios) como Soria (0,2%) o Segovia y Teruel (0,4% ambas), pero también provincias con mayor población como Álava (0,5%), un porcentaje que también concentran Palencia, Huesca, Guadalajara y Lérida.
Naturgy y su fondo solidario
Naturgy, a través de su Fundación, ha puesto en marcha un proyecto para afrontar la rehabilitación de viviendas de colectivos vulnerables, que inicialmente se centra en Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid. El objetivo de este importante proyecto es asumir las mejoras de estas viviendas en materia de rehabilitación, equipamiento y eficiencia energética. La compañía energética aporta, a través de su Fundación, una cantidad inicial al Fondo, cuyo importe dependerá del número de viviendas vulnerables que necesiten apoyo para su rehabilitación energética. Las aportaciones pueden ser desde 1 euro hasta 10.000 euros. Durante el primer año de funcionamiento de su Plan de Vulnerabilidad, ha garantizado el suministro a más de 30.000 familias en toda España, mediante diversas medidas como el aplazamiento del pago, la colaboración con Servicios Sociales para la identificación de los clientes vulnerables o la gestión del bono social. Además, la entidad ofrece formación sobre eficiencia energética a desempleados gracias a un nuevo convenio de colaboración con otras entidades.
