El Gobierno prevé modificar la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal para abordar la cuestión del auge de viviendas de este tipo de viviendas, uno de los principales retos al que se enfrenta el turismo. La opción sobre la que se trabaja es que para poder dedicar una vivienda al alquiler de uso turístico se requiera el voto favorable de al menos un mayoría de tres quintos de los propietarios.
Este martes se ha celebrado entre el Gobierno y las comunidades autónomas la primera reunión del grupo de trabajo sobre pisos turísticos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha explicado que el Ejecutivo central ha llevado a este grupo de trabajo su disposición a reformar la Ley de Propiedad Horizontal, tal y como le piden las comunidades autónomas, que reclaman al unísono que se acabe con la unanimidad que se pide actualmente en las comunidades de vecinos para cambiar los estatutos en los que se regula el visto bueno a determinados acuerdos, entre ellos el permiso para que haya en el inmueble un arrendamiento turístico.
Aparte de esta reforma, el gobierno va a estudiar en el grupo de trabajo una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para acotar lo que es el alquiler de temporada, así como una "definición única" de vivienda de uso turístico para todo el Estado.
El ejecutivo también tiene previsto crear un registro único de viviendas turísticas, que será " una herramienta para las comunidades para controlar y verificar que estas casas cumplen los requisitos legales exigidos.
El grupo de trabajo que se reunió con los representantes de los ministerios de Fomento e Industria, la Federación Española de Municipios y las comunidades autónomas, convocó una segunda reunión con los sectores hosteleros, de consumidores y plataformas de alquiler afectados.
