Lo considera "especialmente importante" en estos momentos de crisis y espera que suponga "el abandono definitivo de la judicialización"
BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)
La Confederación Empresarial Vasca, Confebask, consideró hoy que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido "la plena vigencia normativa de las instituciones vascas", al desestimar 17 recursos de las comunidades autónomas de La Rioja, Castilla-León y UGT de La Rioja contra diversas normas fiscales vascas.
Además, afirmó que esto es "especialmente importante" en estos momentos de crisis económica y mostró su esperanza en que suponga "el abandono definitivo de la judicialización".
En un comunicado, Confebask calificó de "muy positivas" las 17 sentencias notificadas hoy por el TSJPV, relativas a diversas normas forales vascas que regulan el Impuesto de Sociedades, y destacó que las resoluciones confirman "la legalidad" de estas normas "que, en su momento, dictaron los tres territorios históricos, fijando un tipo del Impuesto de Sociedades distinto al del territorio común".
La patronal vasca aseguró que éstas "analizan exhaustivamente la concurrencia de todos los requisitos exigibles para que un ordenamiento jurídico-fiscal infraestatal pueda tener la consideración de sistema fiscal general homologable a los de los Estados, con arreglo al ordenamiento jurídico de la Unión Europea".
"Esas resoluciones suponen el reconocimiento de la plena competencia normativa de las instituciones vascas consagrada en el Concierto Económico y que es un elemento esencial de nuestro autogobierno", aseveró.
SUPERACION DE LA CRISIS
Asimismo, subrayó que "este reconocimiento que constantemente han defendido las instituciones forales y la propia Confebask ante los diferentes Tribunales, es especialmente importante en estos momentos en los que la fiscalidad aparece como una de las herramientas fundamentales con las que cuentan los gobiernos para minimizar la crisis económica que se viene sufriendo, así como para acelerar la superación de la misma".
Además, entiende que estas sentencias "deberían suponer un definitivo abandono de la judicialización permanente de las normas fiscales vascas por parte de las comunidades autónomas limítrofes y, por tanto, la recuperación en el ordenamiento jurídico y fiscal vasco de una seguridad jurídica que jamás debió ser puesta en cuestión".
