El Ministerio de Fomento ha anunciado que algunos de los proyectos que forman parte del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), un mecanismo extrapresupuestario de colaboración público-privada, se podrían ejecutar con recursos públicos si no hay un acuerdo con Hacienda.
En una entrevista concedida a la Agencia EFE, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha explicado que el objetivo de esta medida es no retrasar los primeros proyectos de carreteras que se anunciaron, que engloban actuaciones en la Comunidad Valenciana y en Murcia.
"Queremos cumplir con las necesidades imperiosas del territorio y si no hay un acuerdo con Hacienda algunos de los proyectos, los primeros, tendrían que salir de los Presupuestos para que no haya retrasos", ha indicado.
En este sentido, el "número dos" del departamento dirigido por el valenciano José Luis Ábalos se ha referido a proyectos prioritarios, tanto por demanda como por congestión, para los que "siempre está el Presupuesto".
No obstante, ha explicado que Fomento está centrado en lograr desbloquear con Hacienda aspectos como los plazos concesionales que tendrán estas carreteras, que forman parte de un plan anunciado por Mariano Rajoy en junio de 2017 de 5.000 millones con el que se pretendía actuar sobre 2.000 kilómetros de carreteras hasta 2021.
La herencia del anterior Gobierno
Los dos primeros proyectos del PIC, anunciados por el Ejecutivo anterior, abarcan el eje Norte-Sur de Murcia (eje viario alternativo a la autovía A-30) y el corredor Eje Este-Oeste de la A-7 de Alicante y Murcia. La inversión prevista de ambos era de 931 millones.
Tras su llegada al ministerio, Saura ha insistido en la herencia recibida, ya que los pliegos necesarios para sacar a licitación estas carreteras no estaban cerrados con Hacienda.
"No hay fecha para sacar a licitación los proyectos presentados en el marco del PIC", ha indicado Saura, que no ha concretado otras actuaciones que pueden incluirse en este plan.
En cuanto a la relicitación de las autopistas quebradas que han revertido el Estado, ha asegurado que el PP dejó los pliegos sin cerrar y que ahora se están recalculando los ingresos que se pueden obtener (el PP los cifraba entre 700 y 1.000 millones).
Además, ha asegurado que el Gobierno anterior tampoco se puso de acuerdo a la hora de calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a estas vías.
A falta de que se liquide la AP-41, Fomento cree que podrá iniciar la relicitación de estas carreteras en 2019 y ha afirmado que "no está decidido" si se hará en dos bloques, tal y como estaba inicialmente planteado.
Por otro lado, Saura ha afirmado que la prórroga de las concesiones de las autopistas de peaje se ha hecho de una manera "muy opaca y muy injusta" y que era de justicia cesar con esos peajes ya que los ciudadanos han pagado varias veces la infraestructura.
Asimismo, ha reconocido que la decisión de liberar los peajes no se debatió por falta de tiempo aunque ha asegurado que, de cara a los próximos vencimientos, el objetivo es abrir un diálogo con el sector y las fuerzas políticas para ver cómo se puede financiar el mantenimiento.
"El Gobierno anterior nos dejó encima de la mesa la toma de decisiones y tenemos la percepción de que quería seguir manteniendo los peajes", ha indicado Saura, que ha agregado que este tema debe formar parte de un pacto de estado en materia de infraestructuras y transporte.
