El Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando en la relicitación de las autopistas de peaje quebradas sobre la línea diseñada por el anterior Ejecutivo. Ahora bien, el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos planea introducir algunos cambios relevantes. Uno de ellos es la exclusión de la privatización de la Circunvalación de Alicante, el tramo de 33,2 kilómetros que forma parte de la AP-7 a su paso por la capital alicantina, según explican fuentes gubernamentales. El planteamiento que hay sobre la mesa es que esta autopista levante las barreras y sea gratuita para los usuarios. Desde Fomento rehusaron el martes hacer comentarios y se remitieron a la comparecencia de este miércoles del ministro ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
El anterior Gobierno había proyectado dividir las nueve autopistas de peaje en quiebra en dos lotes: las radiales 2, 3, 4 y 5, la AP-41, la AP-36 y el Eje Aeropuerto, por un lado, y la Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera, por otro. Calculó que la relicitación de estas vías reportaría al Estado unos ingresos de entre 700 y 1.000 millones de euros que servirían para contrarrestar el impacto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), cifrada por el Ministerio en una horquilla de entre 1.800 y 2.600 millones y por los fondos acreedores y las constructoras en más de 4.000 millones.
Ábalos confirmó en julio que las autopistas quebradas se relicitarán a pesar de que en la oposición el PSOE defendió la gestión pública de estas carreteras, como avanzó elEconomista. Ahora bien, las estimaciones hechas por el equipo de su antecesor, Íñigo de la Serna, han sido cuestionadas por el ministro, que ordenó a su llegada una "revisión ajustada" del proceso.
La Circunvalación de Alicante pasó a manos de Seitt el pasado 1 de abril. La concesionaria que construyó y operaba la vía, Ciralsa, entró en liquidación en enero. Esta sociedad está controlada por ACS, Abertis, que por ahora está dentro del perímetro del grupo que preside Florentino Pérez, y Globalvia. Su plazo de concesión se extiende hasta el año 2040. Se trata de un tramo incluido dentro de la AP-7 que actúa como una circunvalación alternativa en Alicante a la A-70.
En 2017 registró una intensidad de tráfico medio (IMD) de 6.473 vehículos, lo que supuso un incremento del 6,1% con respecto al ejercicio precedente De acuerdo con los últimos datos publicados, Ciralsa obtuvo unos ingresos por peaje de 5,6 millones de euros en 2016, lo que representó un aumento del 8,6%. Mientras, el resultado antes de impuestos arrojó unas pérdidas de 26 millones (-15,7 millones un año antes).
El Ministerio tendrá que decidir si relicita las autopistas todas juntas, por lotes o individualmente
Es una de las autopistas quebradas con un valor más limitado de cara a la relicitación, por lo que su exclusión tendría un impacto reducido en el importe obtenido por el Estado. Si Fomento sigue adelante con este planteamiento, suprimirá los peajes de la Circunvalación de Alicante, en un nuevo gesto a la Comunidad Valencia de Ábalos, oriundo de Torrente (Valencia). Lo haría en el marco de la privatización de las otras ocho vías, prevista en 2019.
El Ministerio tendrá que definir en los próximos meses si las relicita todas juntas, si utiliza el modelo de dividirlas en lotes o, incluso, de manera individual. Este proceso había atraído un fuerte interés de las concesionarias españolas, con Abertis, Globalvia y Roadis a la cabeza, los fondos de pensiones canadienses, fondos de infraestructuras internacionales como los australianos Macquarie e IFM -a través de Aleatica, antigua OHL Concesiones- y el francés Ardian, o los vehículos de inversión de grandes bancos como los estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs y el suizo UBS. También las constructoras, que hasta hace unos meses participaban en la gestión las carreteras, preveían analizar la operación.
La pretensión de Fomento de convertir la Circunvalación de Alicante en gratuita se suma a la decisión de suprimir los peajes en aquellas autopistas cuya concesión vaya finalizando en los próximos años. La primera será, el 30 de noviembre, la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Ábalos explicará en el Congreso cómo se gestionarán estas vías.
2.000 millones de euros
José Luis Ábalos dio a su llegada al Ministerio de Fomento una estimación del coste para el Estado de las autopistas quebradas de entre 2.000 y 2.600 millones. Una cifra que su predecesor, Íñigo de la Serna, cifró en 1.800 millones. El Gobierno tendrá que hacer frente al pago del grueso de las compensaciones a comienzos de 2019, aunque repercutirá en el déficit público de 2018. Los fondos la elevan a más de 4.000 millones.
