El Estado asume los 350 millones que debe el consorcio que organizó la Copa AméricaEl Consejo de Política Fiscal aprueba la senda de estabilidad por segunda vez este verano
Como era de prever, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer volvió a aprobar, por segunda vez y de forma telemática, la propuesta del Gobierno para relajar el déficit para 2019 en cinco décimas, del 1,3 por ciento al 1,8 por ciento -del 0,1 por ciento al 0,3 por ciento en el caso de las autonomías-, después de que fuera rechazada por el Congreso de los Diputados a finales de julio y antes de que se vuelva a someter al dictamen de la Cámara Baja en septiembre, tal y como dicta la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero esto no implica que no hubiera novedades en la cita. La Comunidad Valenciana, región que se abstuvo en la votación anterior, respaldó la propuesta del Ejecutivo, pero ello tuvo un precio: una refinanciación de la deuda levantina de unos 1.000 millones de euros y una quita de 350 millones, más medidas adicionales no puntualizadas que supondrán unos 500 millones.
El propio Ximo Puig, presidente de Comunidad Valenciana, dio a conocer el acuerdo, que fue previo a la votación. El socialista reconoció que el voto a favor de su región era una "respuesta a un cambio de actitud del Gobierno especialmente beneficioso para los valencianos". Y no es para menos, puesto que el Estado asumirá el total de la deuda del Consorcio Valencia 2007, los 350 millones mencionados. Este ente fue creado en 2003 por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y Gobierno central para organizar la Copa América y gestionar el proyecto de la llamada Marina Real Juan Carlos I en la capital del Turia.
De esta manera, y tras pagar el Gobierno el diezmo correspondiente, la Comunidad Valenciana se sumó a las autonomías que dieron el visto bueno a la senda fiscal del Ejecutivo, entre las que estaban -como en la votación de julio- Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares, todas regiones con Gobierno socialista o al que el PSOE ha prestado apoyo. En contra votaron Galicia, La Rioja, Murcia, Madrid, Castilla y León y Canarias, todas con ejecutivo del Partido Popular, excepto la mencionada Canarias, gobernada por Coalición Canaria. Todas ellas dejaron claro su rechazo al déficit propuesto por el Gobierno. "Es profundamente injusto", argumentó Rosa Dávila, consejera canaria de Hacienda , puesto que con él no se atienden las demandas de las regiones cumplidoras con la regla de gasto.
Nueva 'vieja' senda
De esta manera, se repiten las mismas cifras para la senda que el Consejo de Política Fiscal aprobara en julio, con una flexibilización del objetivo de déficit de dos décimas en 2019 para las autonomías, quedando en un 0,3 por ciento de PIB. En 2020, el déficit previsto sería del 0,1 por ciento y del 0,2 por ciento para 2021.
También se repitieron los objetivos de deuda pública para el conjunto de las autonomías en el ciclo 2019-2021, que se han fijado en un 23,7 por ciento en 2019, un 23 por ciento en 2020 y un 22,2 por ciento en 2021. El Ministerio de Hacienda recordó que, de cara a 2019, la flexibilización del déficil supondrá para los Gobiernos regionales "un margen fiscal de 2.500 millones para potenciar servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales si estos objetivos son ratificados por las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados".
De hecho, este es el proceso en el que se encuentra inmerso el Gobierno ahora mismo. La negociaciones con Podemos y otros grupos políticos como PDeCAT ya están en marcha. Sin embargo, no hay que olvidar que la propuesta gubernamental se acabará tropezando con un obstáculo insuperable: el Senado, que tiene la capacidad de vetar la senda y donde el PP posee mayoría absoluta.
