
De nuevo, Cataluña es una de los grandes protagonistas del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra hoy, pero porque no va a ocupar su asiento. Ningún representante de la región ha participado en ninguno de los encuentros entre autonomías y Ministerio de Hacienda celebrados este verano y el de este miércoles no va a ser la excepción.
En esta ocasión, "los motivos que justifican la no participación son fundamentalmente los mismos que justificaron nuestra ausencia en las convocatorias anteriores y hemos tenido ocasión de comentar en varias ocasiones", argumentó Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, en una carta destinada a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, para explicar su plante.
En ella indicó, además, que el mecanismo actualmente fijado para la toma de decisiones en el órgano, la propia composición del pleno y la mayoría de votos reservada para Hacienda "dificulta que sea un espacio propicio para lA adopción de consensos efectivos y debates productivos". Consideró más adecudada la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, como la celebrada el pasado 1 de agosto.
La ausencia catalana no gusta entre sus homólogas. El plante ha sido denunciado en numerosas ocasiones tanto por regiones gobernadas por el PSOE como por las regidas por el Partido Popular, que han advertido de que las cuestiones que atañen a la financiación autonómica se dirimen en el Consejo y se deben abordar en igualdad de condiciones para todas las regiones.
Único punto del día
A pesar de que varias autonomías han asegurado que en el encuentro van a plantear sus propias exigencias -como la Comunidad Valenciana, que este martes anunció que volverá a pedir una mejora de su financiación-, el Consejo de Política Fiscal de hoy solo tiene un único punto del día: la votación y, si corresponde, aprobación de la senda presupuestaria y objetivos de déficit propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que este viernes aprobará a su vez el Consejo de Ministros.
En principio, la propuesta será exactamente la misma que el Ejecutivo presentó en el Congreso de los Diputados, donde fue rechazada hace un mes: aumentar el límite de déficit en cinco décimas, hasta el 1,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), para 2019, hasta el 1,1 por ciento para 2020 y hasta el 0,4 por ciento para 2021. En cambio, Hacienda reconoce que sí se podrían dar cambios en el techo de gasto del próximo año, de unos 125.064 millones, un 4,4 por ciento más que en el presente 2018
La flexibilización del déficit permitiría a las comunidades contar con 2.500 millones adicionales en 2019, según Hacienda. Estos fondos son parte de los argumentos que durante las últimas semanas están utilizando los representantes del Gobierno para justificar su senda de estabilidad y que, por lo pronto, no se modifique.