El Gobierno y sus fuerzas parlamentarias afines, como Podemos y los partidos secesionistas, están moviendo ficha para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de suprimir la capacidad que tiene el Senado para vetar la senda fiscal. Se trata de una iniciativa motivada por las barreras con las que el Ejecutivo se está tropezando a la hora de tramitar los objetivos de déficit que ha propuesto y a las que se tendrá que volver a enfrentar en septiembre, cuando presente de nuevo un techo de gasto que, aunque supere el trámite de la Cámara Baja, será rechazado en la Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta y cuyo presidente, Pablo Casado, ya ha anunciado su no.
El independentismo catalán, pieza clave en la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Ejecutivo, ve con buenos ojos esta operación para suprimir la capacidad de veto del Senado. Así lo sugieren las palabras de Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y consejero de Economía. Este miércoles emplazó al Gobierno a "quitar al PP la llave de paso sobre el déficit en el Senado" mediante la reforma de la Ley de Estabilidad. En su opinión, esta iniciativa "tendría los apoyos necesarios" para salir adelante.
Según estas declaraciones, el Gobierno contaría con el apoyo de las formaciones catalanas en el Congreso (ERC y PDeCat) para una reforma que el propio Ejecutivo ha sugerido en varias ocasiones. En las últimas semanas, tanto Pedro Sánchez como Carmen Calvo, presidente y vicepresidenta del Gobierno, han mostrado su disconformidad con que la senda fiscal se tenga que someter a un proceso legislativo diferente al del resto de leyes que, normalmente, no pueden ser vetadas por el Senado. De hecho, Calvo aseguró a finales de julio que el Ejecutivo buscaría "soluciones" para que su techo de gasto saliera adelante. "No tiene sentido que el Senado vete al Congreso", indicó, recordando que es algo inusual en la práctica parlamentaria.
La reforma de Podemos de la Ley de Estabilidad sugiere quitar la capacidad de veto al Senado sobre los Presupuestos
Además de los partidos catalanes, Podemos emerge como el principal socio con el que pueden contar Sánchez y PSOE para sacar la reforma adelante. De hecho, la formación morada registró en marzo una proposición de ley con el fin de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la que, entre otras cosas, se aborda quitar la capacidad de veto al Senado. Según este texto, el Gobierno solo estaría obligado a remitir una nueva propuesta de déficit a ambas cámaras si ha habido un rechazo del Congreso, que contaría con el voto decisivo.
Por otro lado, al Gobierno le puede surgir un aliado inesperado con el que compartiría el objetivo de suprimir el poder del Senado sobre las Cuentas nacionales: Ciudadanos. La formación naranja ha presentado una enmienda a la totalidad de la propuesta de Podemos que, con todo, conserva la supresión de la capacidad de veto de la Cámara Alta a la senda fiscal, pero con matices.
"Nos parece más correcto que sea el Congreso el que tenga la última palabra en el inicio del proceso presupuestario, como ocurre en el proceso legislativo, si bien exigiendo una mayoría reforzada de tres quintas partes para garantizar un consenso más amplio en lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria cuando se tenga que cambiar una decisión del Senado", indican fuentes de Ciudadanos. "En cualquier caso, mientras no se modifique, evidentemente, la ley hay que cumplirla aunque no le guste al actual gobierno socialista".
No se prevé que la reforma de la Ley de Estabilidad pueda salir adelante al menos en unos meses
Sin embargo, la reforma no llegará a tiempo para salvar la senda fiscal del Gobierno, al menos en lo que se refiere a 2019. Según fuentes parlamentarias, no se prevé que la proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad pueda salir adelante, si es que hay acuerdo entre los partidos, al menos hasta dentro de unos meses.
En este escenario, el techo de gasto de Sánchez no podrá superar el veto ya anunciado por el Partido Popular, aunque el Gobierno trabaja para que, al menos, sí se logre el beneplácito del Congreso y que así la formación que preside Pablo Casado cargue en solitario con la responsabilidad de que no se haya flexibilizado el objetivo de déficit en 2019.
Se trata de una posbilidad que ha pasado de imposible a factible. Así es despues de que Pere Aragonés haya considerado que Cataluña debería contar como mínimo con un límite de déficit del 0,3% del PIB, que es precisamente lo propuesto por el Gobierno.
A esto hay que sumar que ya se han puesto en marcha la negociaciones con Podemos (la formación morada prepara una propuesta propia para el Ejecutivo ) y que el techo de gasto de Sánchez ya cuenta con el visto bueno del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Batet reclama a los partidos que abandonen el "tacticismo"
Una nueva voz se suma a los portavoces del Gobierno que confían en que la senda de déficit no se estrelle contra el rechazo del Congreso en septiembre. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, dijo este miércoles que confía en que "la razón se imponga" y el Pleno de la Cámara Baja no vuelva a desaprobar la propuesta gubernamental por segunda vez. En una entrevista en Antena 3, Batet afirmó que confía en que "los grupos parlamentarios reconsideren su posición", de manera que abandonen el "tacticismo partidista" que, a su juicio, aplicaron en la votación del pasado 27 de julio. Desde su punto de vista, "no es muy razonable" que en aquel momento los diputados rechazaran los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuestos, ya que eso incluía un mayor margen en el cumplimiento de los objetivos de déficit, pactado por el Ejecutivo con la Comisión Europea.
