Madrid
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Acuerdo Plan director por el trabajo decente 2018-2020 que prevé mejorar las dotaciones personales y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo.
El Plan, presentado por la ministra Magdalena Valerio incluye 75 medidas a desarrollar por la Inspección para hacer frente al deterioro de las condiciones laborales tras la crisis y cuenta con un impacto económico estimado por el Gobierno en 30 millones de euros, unos 150 millones cada año, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012.
En la actualidad, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuentacon 1.876 inspectores y subinspectores a los que se prevé sumar otros 367 que han superado ya los procesos selectivos y otros 466 para los próximos años. En total el Plan contempla la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, un incremento del 23% del total de la plantilla.
Los sindicatos CCOO y UGT valoran positivamente el Plan, pero han advertido de que faltan medios y recursos para desarrollarlo de manera eficiente. CCOO señaló ayer que algunos objetivos del Plan sobrepasan las competencias de la Inspección y que lo que debería hacerse es cambiar la legislación laboral actual; reforzar la negociación colectiva; desarrollar el diálogo social tripartito, y trasladar los contenidos del pacto salarial a los convenios para hacer frente a la precariedad y la explotación laboral. Por su parte, UGT sostiene que muchas de las deficiencias de las que adolece el mercado de trabajo requieren de reformas que no se solucionan solo con la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Pondrá en marcha entre agosto y diciembre dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcia
El Ministerio de Trabajo pondrá en marcha entre agosto y diciembre dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial, con especial atención en grandes empresas del sector servicios, hostelería, comercio y la educación.
El documento prevé el desarrollo de "las reformas legales necesarias para atacar la raíz del problema "desde el diálogo social y político", entre las que destaca el endurecimiento de las sanciones de orden social para que el empresario que contrate en fraude de ley sea penalizado por cada uno de los trabajadores afectados y no por el total.
El Gobierno apuesta por la Herramienta de lucha contra el fraude, herramientas tecnológicas que permiten verificar y análizar datos cruzados -Tesorería de la Seguridad Social, Administración Tributaria, etc.- para planificar la inspección, así como para evaluar resultados y eficiencia de acciones y campañas.
Además, en septiembre se constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección .
