El Ministerio de Hacienda ha informado a última hora del jueves del lanzamiento oficial de la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas, que hasta el 31 de octubre podrán solicitar que el Estado asuma algunos de sus vencimientos a corto plazo y los convierta en emisiones a medio y largo plazo. La medida favorecería fundamentalmente a Cataluña y la Comunidad Valenciana, que en conjunto deben devolver a sus acreedores en torno a 6.500 millones de euros.
La ministra del ramo, María Jesús Montero, ya informó de esta intención en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, al mismo tiempo que se mostró favorable a aliviar intereses y alargar plazos de devolución a todas las regiones que así lo deseen. El objetivo fundamental de ambas operaciones pasan por propiciar la vuelta ordenada a los mercados de las administraciones autonómicas, después de que algunas de ellas, como Andalucía o Baleares, mostraran recientemente su interés.
Tras este acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), las CCAA deberán justificar la naturaleza estructural de esa deuda a corto plazo, bien ante el Ministerio de Hacienda o bien ante la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Empresa, según corresponda, en función de los procedimientos de autorización marcados por la normativa vigente. El plazo termina el 31 de octubre de 2018.
El endeudamiento a corto plazo de carácter estructural puede tener origen en operaciones que se formalizaron años atrás y se van renovando a corto plazo. Dicho endeudamiento es diferente del endeudamiento a corto plazo (no estructural), que tiene como objetivo salvar los desfases temporales de tesorería.