La Agencia Tributaria ha puesto el foco en las operaciones realizadas en Canarias en base a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas recogidas en el Impuesto de Sociedades. Recientemente, según ha podido saber elEconomista, ha decidido levantar un acta donde revoca el incentivo a la Agrupación de Interés Económico (AIE) productora de la película Exodus: Dioses y Reyes, y ha puesto el punto de mira en producciones como El Niño, Palmeras en la nieve y otros proyectos menores.
En algunas de estas operaciones han intervenido entidades como el Santander o Banca March, importantes medios de comunicación como Atresmedia o Mediaset, así como empresas familiares, vinculadas en muchos casos al sector turístico, y productoras más pequeñas como Ikiru, Tornasol o Nostromo. Las empresas exigen al Gobierno que frene estas actuaciones que generan inseguridad jurídica y amenazan el pujante sector cinematográfico en España y, muy especialmente, en Canarias, donde los incentivos fiscales son superiores.
Hacienda ha decidido levantar acta a la AIE -vehículo habitualmente usado para estas operaciones- productora del largometraje dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Christian Bale, cuyos exteriores fueron rodados en 2014 entre Almería y Fuerteventura. De este modo, exigirá la devolución de las deducciones fiscales por invertir en la producción de Exodus, por un importe que se aproxima a los 35 millones de euros.
Dada la magnitud e impacto del largometraje -al que llegó a asistir el Rey Felipe VI- ha sido puesto en numerosos foros como caso de éxito, tanto por el impacto económico como mediático que suponía atraer producciones de esa magnitud: la Andalucia Film Commission cifró en 43 millones la inversión directa realizada, entre Almería y Fuerteventura, lo que incluye en términos de generación de empleo casi 1.000 contrataciones de entre 3 y 4 meses.
Esta nueva actuación se añade a las ya inspeccionadas el pasado año, y a raíz de las cuales, según informó este diario, el sector se movilizó para que los partidos políticos aprobaran por unanimidad una enmienda a los Presupuestos Generales que marcara a Hacienda cuándo una AIE resultaba ser efectivamente la productora. Esta enmienda, que pretendía aportar seguridad jurídica a estos esquemas, parece quedar ahora en entredicho.
A pesar de esto, la normativa vigente en el ejercicio objeto de la inspección parece estar del lado de los inversores, quienes argumentan la solidez de estas operaciones. Entre otros, hacen referencia al artículo 27.2 del Real Decreto 2062/2008, que desarrolla la Ley del Cine, que en 2014 establecía que "se considerarán productoras de una película aquellas empresas o AIE que se incorporen como coproductoras a la misma, en todo caso con anterioridad a la finalización de los procesos de producción", extremo que la presente operación, según las fuentes consultadas, cumple estrictamente. No en vano, las AIE de las tres películas sancionadas el año pasado mantienen abiertas sus reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). En las operaciones de inversión han participado como asesores legales y fiscales algunos de los principales despachos de abogados de España, incluyendo a varias de las conocidas como Big Four.
Fuentes del sector hacen referencia, sin embargo, a la existencia de un informe interno de la Agencia Tributaria, circulado desde Madrid a Canarias, en el que se establecen una serie de directrices que animan a revisar estas operaciones, "sin considerar que estas estructuras han sido promovidas desde la propia Administración y que además cuentan con el respaldo no solo normativo sino de múltiples consultas vinculantes favorables de la Dirección General de Tributos".
Las consecuencias de estas actas impactan de lleno en el desarrollo económico de Canarias -y amenaza con hacerlo en otras provincias españolas-: por un lado los empresarios que participaron en estas producciones incurrirán en una pérdida derivada de afrontar la devolución de los incentivos generados y, por otro, supondrá un frenazo en seco de la industria cinematográfica en Canarias, donde algunos productores se planean variar su establecimiento y el de sus producciones cinematográficas.
