La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer, en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que considera esencial que se recupere la legislación vigente entre 1985 y 2009 sobre la jurisdicción universal, adaptándola a las nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental.
Anunció que creará un grupo de expertos para que en un plazo no superior a tres meses elaboren un informe de conclusiones para llevar a cabo esa reforma.
Explicó que con la reforma de esta normativa en 2014 se "dejó a las víctimas, en general, y a los españoles, en particular, más indefensos", pues su eficacia se centró en combatir el narcotráfico internacional y el terrorismo.
Memoria histórica
La Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia establecerá planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo.
La ministra encargará a un grupo de expertas una relectura desde una perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y formará un grupo transversal que estudie esos mismos ámbitos referidos a los derechos y desigualdades de la comunidad LGTBI en relación con los demás colectivos.
La Sección Penal de la Comisión General de Codificación trabajará sobre la posible reforma del Código Penal respecto de los delitos contra la libertad sexual para que analice no solo ese aspecto, sino también si resulta necesaria la modificación de otras normas. Además, estudia considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género.
Por otra parte, quiere implantar un modelo interactivo de participación ciudadana en el sistema de Justicia que genere mejoras reales en la vida de la gente. Con este fin señaló que retomará los trabajos ya iniciados para desarrollar una ley reguladora del derecho de defensa.
Aunque no modificará el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, anunció la introducción de medidas que aporten transparencia.
En la misma línea anunció también la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuya última redacción establece un riguroso control de los plazos de la instrucción en los procedimientos penales.
Sobre Justicia Gratuita, y además de ejecutar el incremento del 30,8 por ciento previsto en los Presupuestos del Estado, adaptará el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica.
