BUENOS AIRES,17 (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui)
La Cámara Alta de Argentina aprobará hoy previsiblemente la ley que dispone la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, controladas por el grupo español de turismo Marsans pero gestionadas por el Estado argentino desde julio.
El proyecto que dispone la nacionalización de las dos compañías y de sus subsidiaras privatizadas en 1990, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados por lo que se espera que lo mismo ocurrirá en el Senado, donde el oficialismo tiene una holgada mayoría.
La ley que se aprobará hoy declara a las firmas "de utilidad pública y sujetas a expropiación" y garantiza además la continuidad de operaciones de las aerolíneas y los puestos de trabajo de los 9.000 empleados.
El proyecto propone pagar al grupo Marsans el valor simbólico de un peso por las dos empresas y además prevé que el Estado no se haga cargo de la "deuda ilegítima" de AA y Austral y obliga a la Administración estatal a presentar un plan de negocios en un plazo de 180 días.
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el grupo Marsans habían firmado un acta acuerdo para la venta de las acciones de las empresas al Estado, pero el proceso nunca llegó a buen término debido a la acuciada diferencia entre las evaluaciones del patrimonio de las empresas realizadas por los auditores de ambas partes.
Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un precio negativo de 832 millones de dólares, Marsans sostuvo que las empresas tenía un valor de unos 400 millones de dólares, en base a un informe del banco privado Crédit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.
Directivos de Marsans anunciaron en noviembre que en caso de expropiación elevarían una demanda contra Argentina ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, aunque posteriormente estimaron no iniciar una demanda debido a lo costoso del proceso.
Las dos compañías fueron vendidas a la española Iberia en 1990 durante la presidencia del peronista Carlos Menem y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar, mientras el Estado español hizo un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran.
Desde que Marsans cedió la conducción de las dos empresas al gobierno argentino, el Estado aportó más de 200 millones de dólares para garantizar el servicio de las dos compañías que controlan el 80% del mercado doméstico.
