La contrarreforma sanitaria que abandera el Gobierno de Pedro Sánchez convertirá a España, de llevarse a cabo en su totalidad, en uno de los países más generosos de Europa en el ámbito sanitario. Y es que en ningún país europeo existe el derecho a la protección y asistencia sanitaria "universal" que esgrimen tanto socialistas como Podemos, según un informe de regulación comparada del propio Ministerio de Sanidad.
Estas medidas no solo puede tener un coste millonario para las arcas autonómicas que podría superar los 1.500 millones de euros, según los cálculos de este periódico. Extender la tarjeta sanitaria a todos los extranjeros que no están registrados ni autorizados como residentes en España o eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas tendrá también un efecto llamada sobre el gasto en atención sanitaria y en medicamentos.
El impacto económico de las dos medidas anunciadas por el Ejecutivo dependerá de cómo se concreten al final. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, abordará el próximo jueves junto con las comunidades autónomas el alcance del futuro decreto que ampliará la cobertura sanitaria "a todas las personas en el Estado español", según el documento presentado a las regiones. Una norma que podría aprobarse en septiembre, tal y como avanzó el pasado miércoles la ministra. Hasta entonces, Sanidad debe perfilar, por ejemplo, cuál será el periodo mínimo de residencia en España o el nivel de ingresos que dará derecho a cualquier extranjero acceder al sistema sanitario de cualquier país europeo, con cargo al presupuesto español.
Todos los sistemas públicos de salud en Europa imponen, en mayor o menor grado, limitaciones que, antes de la reforma sanitaria aprobada en 2012, no existían en España. Un informe del Tribunal de Cuentas puso en evidencia la situación de barra libre al cifrar el coste anual de la asistencia a extranjeros hasta los 917 millones de euros, de los que 639 millones no pudieron ser facturados a sus países de origen.
El coste de eliminar el copago
Más cauta se ha mostrado la ministra a la hora de abordar el otro gran punto del programa sanitario socialista de eliminar el copago farmacéutico que, desde 2012, asumen los pensionistas en función de su nivel de renta. España es el único país europeo que a día de hoy divide entre trabajadores y pensionistas su sistema de copago de medicamentos y que beneficia a este colectivo sólo por el hecho de serlo. Carmen Montón no ha querido darse un plazo y tan solo ha señalado que necesitará de "tiempo, diálogo y presupuesto".
Eximir a todos o a parte de los pensionistas del pago de las recetas tendrá un impacto directo en las cuentas. Además del desembolso extra del bolsillo de los propios pacientes a raíz de la reforma de 2012, que superaría los 400 millones de euros al año, según cálculos de Farmaindustria o de la patronal de las farmacias, hay que añadir el efecto que el copago a los pensionistas ha tenido en la reducción del número de recetas.
Farmaindustria ha analizado cómo, entre los años 2003 y 2011, el incremento medio anual del consumo de recetas osciló entre los 20,5 millones de 2005 y los 47,4 millones de recetas de 2008, con un alza media de 35 millones de nuevas recetas al año durante el periodo. Desde que entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, este aumento se moderó, hasta situarse en ritmos de crecimiento de la demanda del entorno a los 10-12 millones de recetas adicionales anuales en los dos últimos años.
De recuperarse el ritmo anterior de crecimiento de recetas, las comunidades tendrían que asumir el gasto de cerca de 25 millones de recetas más al año, lo que supone elevar la factura en torno a los 270 millones de euros. En total, serían más de 700 millones de euros, un 7,38% añadido a la cifra actual de gasto en recetas que ya presenta un alza interanual del 3,28%, según el último dato de abril. Estos cálculos dependerán del cambio de rumbo que tome el Gobierno: si el indulto del copago solo afecta a los pensionistas mileuristas, como han señalado fuentes del Gobierno, lo que supondría una discriminación con los trabajadores activos que cobran menos de esta cantidad al mes en España, o se plantea que ningún pensionista pague por sus medicamentos, como ocurría hasta 2012.
De dar marcha atrás y retornar a la situación anterior, tampoco se puede olvidar el uso fraudulento de la tarjeta del pensionista para adquirir medicamentos gratis. Hasta 200.000 personas obtenían su medicación de la farmacia sin coste alguno, cuando les correspondía abonar el 40% del importe de las medicinas recetadas por su situación laboral, según los datos extraídos al cruzar y depurar las bases de datos de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Sanidad.
Lo que resulta evidente es que el Gobierno está enviando un mensaje a Bruselas de que no está dispuesto a controlar el crecimiento del gasto sanitario por el lado de la demanda, una mala señal para los proveedores y la sostenibilidad de las cuentas autonómicas.