Francia se ha distinguido siempre por proteger su patrimonio histórico, símbolo de la grandeur, con monumentos como la casa de los Inválidos, que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte, pero también por la defensa de su patrimonio empresarial, encarnado en compañías como Électricité de France (EDF), Engie o Renault, en las que el Estado cuenta con un porcentaje importante del capital.
Por medio de la Agencia de las Participaciones del Estado, Francia acumula inversiones en 81 entidades nacionales, doce de las cuales cotizan en bolsa con un valor de 75.000 millones de euros. Las inversiones más señaladas están en EDF, con un 83,5% del capital y un valor de la participación en el mercado de 28.000 millones de euros; en Aéroports de Paris (ADP), con un 50,6% del capital y una valoración de 9.750 millones, y en Airbus, donde la inversión es del 11% pero su valor se acerca a los 9.000 millones. También las inversiones en Engie, Thales, Safran y Orange superan los 5.000 millones de euros.
No obstante, sólo Thales, Orange y Airbus reciben una recomendación de compra del consenso de analistas que las siguen.
Hace casi un año, al poco tiempo de que Emmanuel Macron tomase las riendas del Elíseo, el dosier de las compañías participadas con fondos públicos apareció sobre la mesa del nuevo ministro de Economía, Bruno Le Maire. El flamante titular de la cartera anunció la creación de un fondo para la innovación en pequeñas y medianas empresas que se financiaría con la venta parcial o total de las inversiones estatales en las grandes empresas.
El fondo, que se puso en marcha en enero, busca reunir 10.000 millones de euros para, con unos rendimientos anuales estimados entre los 200 y los 300 millones de euros, invertir en proyectos novedosos y de ruptura que sitúen a Francia entre la crème de la crème de la investigación y el desarrollo tecnológicos en el mundo. El plan incluye inversiones en laboratorios públicos, start-ups y pymes, así como en proyectos concretos de inteligencia artificial, nanoelectrónica o vehículos autónomos.
"Es indispensable redefinir el lugar del Estado en nuestra economía", tuiteó Le Maire hace unos días. "¿Deseamos un Estado que se contenta con obtener dividendos o un Estado-estratega que se prepara ante el futuro?", se preguntaba el ministro.
Un proyecto de ley a medida
Este parece ser el punto de partida de la loi Pacte (acrónimo de Plan de Acción para la Creación y la Transformación de las Empresas), el proyecto de ley que se presenta este lunes al Consejo de Ministros y que podría adoptar el Parlamento entre finales de 2018 y principios de 2019.
La nueva legislación regulará la privatización de Aéroports de Paris, Engie y La Française des Jeux (FDJ), la Loterías y Apuestas del Estado gala. Para lograrlo, modificará el marco jurídico que rige las participaciones públicas, lo que permitirá rebajar el umbral de control del 50% en ADP, quedar por debajo de un tercio de los derechos de voto en Engie y privatizar FDJ.
"El artículo 53 alude al refuerzo del régimen de inversiones extranjeras en Francia -el proyecto quiere alargar la lista de sectores que necesitarían de autorización previa para la entrada de inversores internacionales-, mientras que el artículo 54 reforma el mecanismo de la acción específica (o acción de oro), una acción a la que se asocian los derechos suplementarios que, por ejemplo, permiten al Estado, aun reduciendo su parte del capital, conservar poderes particulares", según informan desde Le Monde.
Esta última es la solución ideada para Engie, la antigua Gas de France, después de que el Estado cediese un 4,53% del capital público en septiembre del año pasado por 1.500 millones de euros. Ahora, con el 24,1% del capital de la compañía energética y el 33% de los derechos de voto, "el Gobierno conservará una acción específica, que le otorgará el derecho de oponerse a la cesión de activos estratégicos, como infraestructuras de transporte de gas o de almacenammiento", señalan desde Les Echos.
En el caso de ADP, el proyecto de ley prevé un cambio de estatutos para limitar a setenta los años de posesión y explotación de sus activos. Además, el Estado podrá vetar cualquier venta de activos del Aena francés, que gestiona aeropuertos como Orly y Roissy-Charles de Gaulle. Asimismo, las tarifas aeroportuarias serán revisadas cada cinco años y el Estado podrá anular la concesión, aseguró la semana pasada Bruno Le Maire.
Sobre la firma de loterías FDJ, con un 72% del capital en manos públicas, el plan es "conservar un cierto nivel de participación para cumplir con las normas europeas que imponen controles estrictos a las empresas que explotan el juego bajo un régimen de monopolio", apuntan desde Les Echos.
Menos intervencionismo
¿Por qué es Aéroports de Paris una de las elegidas? "Contrariamente a la cesión parcial de Engie, retirarse completamente del capital de ADP debe pasar por la futura ley Pacte, que permitirá al Estado reducir su participación por debajo del 50% pero siendo aún mayoritaria", escribe Hervé Duval en el diario Economie Matin. Además, Duval cita al analista Christopher Dembik, de Saxo Bank, quien considera que "ADP no tiene interés estratégico para el Estado y su venta podría reportarle mucho".
En el mismo artículo, Duval delimita la diferencia entre las compañías intocables y las no estratégicas. Las primeras, por depender en exclusiva del Estado o por su carácter sensible, son Areva y Eramet, del sector nuclear, y Thales y Safran, de la industria militar. Entre las segundas estarían Orange y la aseguradora CNP -aunque la Agencia de Participaciones del Estado sólo tiene un 1,1% del capital, la Casse de Dépôts, de inspiración pública, posee un 41%-.
En un año de protestas de los trabajadores de SNFC y Air France, con numerosas incidencias, Francia se dispone a meterle mano a las empresas que durante años fueron el buque insignia del país. "Si se vendiese Air France mejoraría la gestión", sostiene Antonio Aspas, consejero-secretario de la gestora española Buy&Hold.
En su opinión, más allá de crear un fondo para la innovación, "Macron quiere reducir la participación estatal para tener una economía menos intervencionista, porque cree que funciona mejor", subraya. El analista ve mucho interés por Engie fuera de Europa, pero cree que el Gobierno galo preferirá vender sus joyas a otras firmas francesas "para ganarse el visto bueno de la opinión pública".