Pasada la resaca de la victoria en la moción de censura, al nuevo Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez le espera una titánica tarea: deberá afrontar en el Congreso, donde está en situación precaria -el partido de la rosa tiene 84 escaños- leyes promovidas por el PP como la ley Hipotecaria, así como gestionar otras normas que actualmente se tramitan, como la Renta Mínima o la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
La expulsión precipitada del Gobierno de Mariano Rajoy también ha dejado en vía muerta otras reformas de calado que se barajaban como factibles a lo largo de la presente legislatura.
Se trata de la revisión de pilares clave del modelo económico actual: por un lado, el territorial, a la espera de la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica, bloqueada desde hace más de un año; y, por otro, el sistema público de pensiones, pendiente de las recomendaciones del Pacto de Toledo, atascadas desde hace meses por las distintas recetas sobre la revalorización de las prestaciones y la separación de las fuentes de financiación, así como la introducción de impuestos finalistas, entre otros. Pedro Sánchez renunciará a las grandes reformas
Pero el debate para acabar con la insuficiencia de las arcas autonómicas y la reforma que garantice la sostenibilidad del sistema de las pensiones ante los retos que plantea la evolución demográfica no son los únicos que penden de un hilo ante la debilidad de un Gobierno que tendrá en contra al Senado, donde el PP dispone de mayoría, para retrasar y entorpecer iniciativas, y a la Mesa del Congreso, que controlan PP y Ciudadanos.
Tarea pendientesEconomía, Hacienda, Empleo, Fomento, Energía, Educación... todos los ministerios acumulan cantidad de tareas pendientes que se antojan difíciles de llevar a cabo mediante pactos cruzados para cada una de las decisiones y en un periodo legislativo que se dibuja fugaz. Fundamental se antoja el nuevo ministro de Fomento, que tendrá que enfrentar una probable renovación en la primera línea directiva de las empresas públicas, entre las que sobresalen Aena, Renfe y Adif, que en la actualidad están presididas, respectivamente, por Jaime García-Legaz, Juan Alfaro y Juan Bravo. Los acontecimientos, de hecho, precipitaron ayer que Aena anunciara el aplazamiento sine die de la presentación del Plan Estratégico 2018-2020, prevista para el próximo jueves, 7 de junio.
Incertidumbre en el PIC, las autopistas y la alta velocidad
El Ministerio de Fomento tenía previsto lanzar los dos primeros proyectos del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), dotado en su conjunto con 5.000 millones de euros, este mes de junio. El Gobierno ya ha anunciado seis de la veintena de proyectos que abarcará. Aunque el PSOE está de acuerdo con el programa, ha denunciado la falta de diálogo para seleccionar las obras.
Relicitación de las radiales
En junio el Gobierno también preveía lanzar el concurso para relicitar las autopistas de peaje quebradas con las que obtener hasta 1.000 millones. El objetivo era venderlas este año para compensar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y amortiguar el golpe en el déficit. Es un proceso que presumiblemente no tiene vuelta atrás, aunque la forma y el calendario podrían variar.
Inversión en infraestructuras
Pedro Sánchez ha dicho que respetará el Presupuesto. El sábado, elEconomista.es ha hablado con Carlota Merchán, diputada nacional por el PSOE, quien ha explicado que las cuentas públicas serán respetadas porque son las decididas por el Congreso. Ahora bien, las presiones de sus aliados amenazan el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras, con la alta velocidad como principal foco, en favor del gasto social. El cambio de Gobierno pone en riesgo que se ejecute el presupuesto dentro de los plazos previstos.
Reversión autopistas
El PSOE dijo que las autopistas de peaje que vencen serán gratuitas. En noviembre llega la primera.
Peligra el convenio que liga el gasto en fármacos al PIB
Los laboratorios farmacéuticos innovadores firmaron un convenio en 2015 con los Ministerio de Hacienda y Sanidad para que el aumento del gasto público farmacéutico no sobrepasara el crecimiento anual del PIB. El PSOE se ha mostrado en contra de este convenio.
Reforma del copago
El Partido Socialista también se había comprometido a reformar el copago farmacéutico eliminando el pago actual de los jubilidados, vigente desde el año 2012.
Subasta de medicamentos
El Gobierno socialista de Andalucía tiene un modelo propio de compra de fármacos por subasta, al que se opone la mayor parte del sector.
El 'mix' energético del futuro sigue sin definirse
El Ministerio de Energía tiene que enviar a la Comisión Europea su Plan energía y clima que debe fijar el mix energético para el futuro. Las empresas estaban comenzando a negociar con el Ministerio los detalles para tomar decisiones sobre el futuro de las centrales nucleares o del carbón, así como un sistema de pagos por capacidad para las centrales de gas. El cambio de Gobierno paraliza esta negociación que incluía, entre otras cosas, una rebaja del impuesto a la generación eléctrica.
Lucha contra el fraude
Una de las medidas estrella para este año era el marco de contratación y suministro de energía eléctrica, se pretendía imponer medidas para evitar el fraude en el suministro eléctrico y los comportamientos fraudulentos por parte de las comercializadoras, así como el procedimiento de autorización de instalaciones eléctricas (instalaciones de producción y líneas) competencia del Estado.
Calidad de suministro
El Gobierno preveía también una nueva norma de calidad que además de medir la duración de los cortes a la distribución y a los consumidores directamente conectados a la red de transporte, tenga en cuenta la calidad en la atención y relación con el cliente, relativa al conjunto de actuaciones de información, asesoramiento, contratación, comunicación y reclamación.
La moción termina de dinamitar el ya atorado debate sobre infrafinanciación
La reforma más ansiada y también la más peliaguda. Tras más de un año de trabajo, las negociaciones para acabar con la situación de insuficiencia financiera de las arcas autonómicas ya pendían de un hilo. El órdago de Sánchez y la consiguiente ruptura entre PP y PSOE dinamitan cualquier opción de pacto. Rajoy había anunciado su intención de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera a principios de junio, pero, dado el contexto político actual, la reunión queda pospuesta sine die.
El impuesto a las tecnológicas
El cambio de Gobierno también podría dejar en el aire -al margen de los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el PP y están garantizados en el Senado- la implantación del nuevo impuesto a las empresas digitales con el que se esperaba recaudar parte del dinero que iba a financiar la subida de las pensiones de acuerdo con un IPC del 1,6%.
El acuerdo con los funcionarios
Cabe recordar que el proyecto de los PGE recoge la oferta de empleo público y la subida salarial a los funcionarios -de hasta el 8,8% en tres años- que acordaron los sindicatos con Montoro. Ahora, desde CSIF piden "diálogo" al nuevo Gobierno y a los grupos políticos para garantizar las mejoras laborales prometidas.
Reguladores y supervisores
Por su parte, Román Escolano, que pasará a la historia de España por ser el segundo ministro más breve de la Democracia, dejó varias tareas sin acabar en Economía. Entre ellas, la reforma de los órganos reguladores y supervisores, que iba a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una nueva autoridad independiente de competencia y otra de supervisión y regulación de mercados, recogiendo la iniciativa de su antecesor en el cargo, Luis de Guindos.
Protección del ahorrador
En sus planes, además, valoraba poner en marcha sendas autoridades independientes de seguros y planes de pensiones, así como de protección al ahorrador, y que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se integrara en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El ICO y Bankia, a la espera
Por otra parte, Economía deja en el cajón la revisión de los instrumentos de apoyo financiero del sector público, entre los que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Asimismo, mantener o alterar los plazos del proceso de privatización de Bankia es otro tema por atar. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tiene de plazo hasta finales de 2019 para completar la venta de la entidad nacionalizada, de la que el Estado controla más del 60%. Si bien el plazo es ampliable vía real decreto.
Cambio en mitad del debate europeo sobre la PAC
El mantenimiento del actual nivel de fondos de la Politíca Agraria Común (PAC) en el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 será el principal reto al que se enfrentará quien suceda a Isabel García Tejerina al frente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Precisamente ayer, la Comisión Europea confirmó un recorte del 3,5% de los 35.705 millones asignados para España para ayudas directas en el actual periodo.
Digitalización rural
En el aire quedan también planes como el de digitalización del medio rural o el de actuación forestal, previsto parar breves semanas.
Ley de Cambio Climático
La ministra ha anunciado recientemente la "inminente"presentación del borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se lleva trabajando más de un año. Exigida por la UE y con carácter estructural -afectará a todos los sectores económicos- es un trabajo prioritario de la legislatura.
Sequía y depuradoras
La sequía ha dado una tregua esta excepcionalmente húmeda primavera, pero sigue siendo uno de los problemas que debe afrontarse en los próximos años. Igualmente, en materia de agua es previsible que se ahonde en las actuaciones de depuración y saneamiento para evitar sanciones europeas.
Giro ideológico en un pacto crucial para España
Rajoy se mostraba partidario de retocar otra de las piezas fundamentales de la columna vertebral española: nuestro sistema educativo. El pacto está roto en la práctica, pero no cerrado de forma oficial. PP y Ciudadanos trabajan en solitario en la Subcomisión del Congreso que se constituyó hace un año, pese a que los diputados del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV abandonaron las reuniones.
Los sindicatos de la enseñanza confían en que el nuevo Ejecutivo de Sánchez suponga un cambio en la dirección de las políticas educativas, y a falta de conocer el nombre del responsable de Educación que relevará a Íñigo Méndez de Vigo, esperan un perfil "más negociador" al frente del Ministerio.
Las pensiones y las políticas activas de empleo, en el limbo
El bloqueo del Pacto de Toledo
Si por algo se ha criticado la labor de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo en los últimos meses ha sido por la ausencia de resultados tras más de medio centenar de reuniones (algunas públicas y otras, a puerta cerrada). Las diferentes recetas sobre la composición del Índice de Revalorización, la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, la separación de fuentes de financiación y la introducción de impuestos finalistas, entre otras cuestiones, no han logrado cocinarse para ponerse sobre la mesa en forma de recomendaciones.
La ministra de Empleo, ahora en funciones, Fátima Báñez, aseguró que estarían listas antes del verano, pero los grupos ven el plazo "imposible", más en la coyuntura política actual en la que, de hecho, cancelaron dos reuniones previstas para la semana pasada, tras la luz verde a la moción de censura.
Reestructuración de ayudas
Entre los deberes de Báñez estaba la reforma de las políticas activas de empleo y la reestructuración de la amalgama de ayudas a los parados de larga duración.
Ley contra la brecha salarial
La ministra trabajaba -de hecho, ya había un borrador- en la que iba a ser la primera ley contra la brecha salarial de género en nuestro país. Parece que en esta cuestión había bastante consenso, por lo que no se descarta que Pedro Sánchez se cuelgue esta medalla.
