Una hipotética venganza de Mariano Rajoy con los Presupuestos Generales del Estado, que se tramitan en estos momentos en el Senado, está abocada al fracaso. Solo a través de una compleja carambola lograría frenar un proyecto al que recientemente se sumaron Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. A lo sumo, la actitud díscola de los populares les llevaría a retrasar la tramitación de las Cuentas en el Senado hasta bien entrado el mes de julio, pero después en el Congreso el nuevo Gobierno necesitaría solo una mayoría simple para deshacer cuantos cambios hubiera introducido el partido de Mariano Rajoy.
La clave reside en que el PP, pese a contar con la mayoría absoluta en el Senado, no tiene la facultad legal de vetar unas Cuentas que han sido remitidas desde el Congreso de los Diputados. A lo sumo, según explican fuentes parlamentarias, podría prolongar la fase de enmiendas en la Cámara Alta tantas veces como quisiera durante un periodo máximo de dos meses. "Puede jugar con eso. Poner una fecha y decidir en el último momento que amplía la fase una semana, o dos, hasta un máximo de dos meses que son los que le permite el reglamento", explican esas fuentes.
Como el Presupuesto fue remitido al Senado hace ya una semana, el tiempo hábil para esa jugarreta se reduce a siete semanas. El 20 de julio, como tarde, el proyecto debería ser devuelto al Congreso de los Diputados, y es ahí donde se produciría la mayor paradoja. El hipotético nuevo presidente, Pedro Sánchez, se vería obligado a contar con una mayoría suficiente -no absoluta, sino basada en más respaldos que votos en contra- para tumbar cualquier cambio que hubiera introducido el PP en el Senado.
Es clave, en este sentido, advertir de que ese trámite, por muchas modificaciones que el Presupuesto contuviera, podría resolverse en apenas una jornada de votación. En la semana del 23 al 27 de julio la Cámara Baja podría aprobar definitivamente el texto, que entraría en vigor mucho más tarde que cualquier otro Presupuesto en democracia. Hasta ahora, las mayores demoras se habían producido en el ejercicio 2017, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, logró el respaldo final y suficiente a finales del mes de junio.
El juego de mayorías impediría, además, cualquier cambio de calado en el redactado del Presupuesto. Primero, porque el propio Gobierno ya ha sugerido que en ningún caso boicoteará sus propias Cuentas, algo confirmado también por el portavoz del PP, Rafael Hernando. Y segundo, porque Ciudadanos o PNV tampoco están en disposición de desdecirse y oponerse a una subida de las pensiones con el IPC; a la revalorización del salario de los funcionarios un 1,7%; a la rebaja del IRPF para rentas inferiores a 18.000 euros; o a la mayor inversión pública, que crece el 16,5%.
Si finalmente Rajoy se apartase in extremis y el PP tratara de retener el poder en las próximas semanas, es de esperar que la tramitación de los Presupuestos camine aún más rápido. El Senado daría el visto bueno a las Cuentas sin apenas cambios y el Congreso certificaría su aprobado en tan solo un par de semanas.
