La política española va al ralentí desde que Mariano Rajoy fuera reelegido presidente del Gobierno en 2016, tras poner fin a 315 días en funciones, el periodo más prolongado de inestabilidad en la democracia constitucional de España.
Aquel 29 de octubre, el jefe del Ejecutivo dijo ser "el principal interesado en que alcancemos acuerdos". "Estoy dispuesto a corregir todo lo que merezca corrección, a mejorar todo lo que sea mejorable y a ceder en todo lo que sea razonable", se comprometió así hasta 2020. Sin embargo, un año y medio después, pocos han sido los avances y Rajoy hace monociclo sobre una cuerda floja de la que podría precipitarse antes de lo previsto. Con él se tambalean pactos pendientes esenciales, que quedarían sin cerrar, y reformas clave para la recuperación económica, que podrían modificarse.
La reforma de los sistemas de financiación autonómica y de las pensiones son solo dos ejemplos de las modificaciones a las que Rajoy estaba dispuesto -al menos, eso aseguraba- y aún no ha llevado a cabo.
Se trata de la revisión de pilares clave del modelo económico actual: el territorial y el de las pensiones. Pero además, el todavía presidente se mostraba partidario de retocar otra de las piezas fundamentales de la columna vertebral española: nuestro sistema educativo.
En este último punto, el pacto entre los partidos políticos está roto en la práctica, pero, paradójicamente, no cerrado de forma oficial. PP y Ciudadanos siguen trabajando en solitario en la Subcomisión del Congreso que se constituyó hace un año, pese a que los diputados del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV han abandonado las reuniones.
En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica -una de las más peliagudas, a la que han urgido desde el Banco de España hasta la Comisión Europea para acabar con la situación de insuficiencia financiera de las arcas autonómicas, reconocida incluso por Hacienda- continúa bloqueada. También se ha atascado en sus recomendaciones el Pacto de Toledo. Fuentes del Ejecutivo confirmaban recientemente que podrían ponerse sobre la mesa antes de verano, lo que acercaría la reforma de las pensiones a finales de año. El propio Rajoy empezó a desmantelar su ley de 2013 cuando compró el apoyo del PNV a los Presupuestos ligando la revalorización de las prestaciones al IPC y retrasando la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Ahora, prospere o no la moción de censura, el bloqueo político puede convertirse en un grave problema presupuestario.
Recordemos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el Ejecutivo fi-nanciará la su-bida generalizada de las pensiones con la recaudación derivada de un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas. Pero, para lograr ingresos por esa vía, el Gobierno necesita aprobar la ley que sostenga jurídicamente el tributo, algo que se antoja complicado, con la oposición en bloque apuntando a la liquidación de una legislatura sentenciada por Gürtel.
Hay que tener en cuenta que la aprobación definitiva de los PGE en el Senado con la mayoría absoluta del PP está prevista para el 19 de junio, por lo que si la moción de censura del PSOE no se debate antes, quedarán blindados. Y ello porque, una vez aprobadas por el Congreso, solo la disolución de las Cortes por una convocatoria electoral anticipada haría decaer las cuentas.
Pero la Constitución impide en su artículo 115.2 convocar elecciones mientras está en curso una moción de censura. Por lo que si se debate antes de la tramitación de los PGE en el Senado y sale adelante, sería posible que el líder socialista tumbara unas cuentas a las que se ha opuesto frontalmente, si bien para ello tendría que convocar elecciones. De lo contrario, se daría la paradoja de que un Gobierno del PSOE tendría que gestionar unos presupuestos del PP.
Financiación autonómica
La reforma del sistema de financiación autonómica es la gran batalla política que enfrenta a comunidades, Gobierno y partidos políticos. La última reforma se aprobó en 2009 y se debía abordar en 2014, pero el Ejecutivo decidió postergarla. La solidaridad autonómica, la situación de Cataluña y la necesidad de que las regiones sean responsables fiscalmente son algunos de los asuntos a abordar.
Garantizar la sostenibilidad de las pensiones constituye el rompecabezas del Pacto de Toledo. Las recomendaciones de los expertos acumulan meses de retraso. También aquí se coló la crisis catalana, y las primarias en el PSOE retrasaron asimismo los trabajos. El punto de mayor fricción ha sido la recomendación sobre la revalorización.
El pacto por la educación está prácticamente roto. Los diputados del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV han abandonado las reuniones, mientras el PP y Ciudadanos trabajan en solitario.
En el ámbito laboral, Fátima Báñez tiene tareas pendientes. Entre otras, cerrar la que será la primera ley contra la brecha salarial en España y aunar la amalgama de ayudas a los parados de larga duración.
En otro orden de cosas, están en el aire la reforma de la Justicia y del sector eléctrico, la ley de cambio climático y la renovación de la dirección de RTVE.
Pensiones
De los Presupuestos Generales del Estado de 2018 dependen 15.000 millones de euros para el bolsillo de los ciudadanos. En año preelectoral, el Gobierno ha aprobado importantes incrementos del gasto para pensionistas, funcionarios, trabajadores -a través de rebajas del IRPF-, comunidades autónomas e infraestructuras. En principio, están blindados, pero un gobierno de Sánchez sí podría incluir modificaciones de gastos e ingresos.
La reforma introducida por el PP en el año 2012 para dotar al mercado laboral de la flexibilidad exigida por Bruselas ha sido, de lejos, la más criticada por la oposición. Pese a la intensa recuperación experimentada por el empleo en los últimos años, sus detractores han centrado las quejas en el incremento de la precariedad y en la mala calidad de los puestos de trabajo creados. Tiembla una legislación a la que muchos partidos están deseando dar marcha atrás.
Caso similar supone la reforma de las pensiones de 2013, que el PP sacó adelante con el rechazo en pleno de la oposición. El texto introducía el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, dos mecanismos para menguar la cuantía de las prestaciones que la izquierda quiere hacer desaparecer, con el riesgo que supone seguir elevando el gasto ante el envejecimiento de la población y el excesivo déficit de la Seguridad Social.
Quedan en suspenso también la Ley Electoral, que quieren cambiar Ciudadanos y Podemos para recortar distancias con el PSOE y el PP, y el mantenimiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
