El que fuera vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha perdido la batalla de los recursos judiciales para cerrar la causa por blanqueo en el marco de la pieza que investiga las presuntas comisiones que recibió de empresas en las que intervino en su privatización durante su época en el Ejecutivo. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso del exministro y pide al magistrado del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, que instruye la investigación del llamado caso Rato, que le cite a declarar.
Arnal ya emplazó al ex vicepresidente para que compareciera el pasado 5 de abril, aunque una semana después suspendió la declaración tras presentar Rato el recurso. El exbanquero envistió contra el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le acusa de blanqueo y pidió que este presunto delito se dirima en la pieza principal del caso que investiga su patrimonio privado.
Concretamente, el documento de la Guardia Civil señaló que Rato habría aprovechado la privatización de las grandes empresas titularidad o participadas por el Estado para situar en la presidencia a personas de su confianza. El objeto sería contratar después con ellas publicidad a través de Cor Comunicación, una de sus firmas, a precios muy elevados y percibiendo con ello sustanciosas comisiones que supuestamente blanqueó utilizando un entramado de mercantiles españolas y extranjeras que controlaba.
Rato habría facturado a Endesa, Repsol, Iberia, Telefónica, BBVA, Altadis, Aldeasa, Azucarera Ebro y Retevisión un total de 80,3 millones de euros entre los años 2000 y 2014, siempre según la investigación de la UCO.
El juez Arnal archivó en un primer momento este informe, sin practicar diligencias, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado apelaron su apertura a la Audiencia Provincial, que pidió al juez de Plaza de Castilla en su día, y ahora solicita por segunda vez que tome declaración al ex vicepresidente.
Último paso por las 'black'
El Tribunal Supremo ya ha iniciado la revisión de los recursos de casación interpuestos por los condenados por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.
La Audiencia Nacional declaró culpables a 65 exdirectivos y altos cargos en 2017, imponiendo las penas más altas a los dos expresidentes de la entidad, el fallecido Miguel Blesa (seis años de cárcel) y Rodrigo Rato (cuatro años y medio). Además, obligó a ambos a devolver los 12,4 millones defraudados con las black, responsabilidad que en el caso de Blesa recayó en sus herederos.
