La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) defendieron hoy el reforzamiento de la negociación colectiva para hacer frente a la brecha de las desigualdades, pero también en términos de eficiencia económica.
En un informe, la OCDE y la OIT subrayaron que la negociación colectiva con suficientes niveles de cobertura y coordinación "puede reducir las desigualdades en los mercados laborales, mejorar su funcionamiento y ofrecer unas relaciones productivas".
El estudio, que se enmarca en una iniciativa lanzada en 2016 por el primer ministro sueco, Stefan Löfven, responde en particular a la constatación de tendencias "preocupantes" de la globalización, como la precarización de los trabajadores menos cualificados.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, advirtió de las consecuencias de ese incremento de las desigualdades que, unido a fenómenos como la corrupción, están acarreando una pérdida de confianza en las instituciones, con el corolario de crisis políticas y altos niveles de incertidumbre.
Economía sumergida
La ministra sueca de Exteriores, Margot Wallström, recordó que alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo trabajan en el sector informal, con lo que eso significa de inseguridad en el empleo.
También recordó que cada año 2,78 millones de trabajadores mueren a causa de sus condiciones laborales (otros 374 millones resultan heridos o se quedan inválidos), que más de 200 millones de personas siguen desempleadas pese a la recuperación y que los sindicatos han perdido muchos afiliados en este tiempo.
La ministra francesa de Trabajo, Muriel Penicaud, defendió su presencia en la iniciativa, pese a que ella misma lideró una reforma para flexibilizar el mercado laboral con una descentralización parcial de la negociación en las empresas.
"Cada vez más gente se da cuenta de que si no se da más sentido social a la globalización, no vamos a ninguna parte", comentó Pénicaud, que hizo hincapié en que no hay un único camino para poner en marcha el diálogo social.
La OCDE y la OIT afirmaron en su estudio que la experiencia de los países avanzados muestra que una negociación colectiva centralizada favorece un mayor empleo, menor paro y menos desigualdades que los sistemas descentralizados.
Pero al mismo tiempo, Gurría justificó a Efe la polémica ley de Pénicaud -una de las reformas simbólicas del primer año de mandato del presidente francés, Emmanuel Macron-, con el argumento de que algunas cuestiones deben negociarse no a nivel sectorial sino en cada empresa para adaptarse a las condiciones económicas.
Para el director general de la OIT, Moussa Oumarou, "el diálogo social es un proceso en que los intereses divergentes pueden reconciliarse", que permite "restablecer la confianza" y ofrece protección a colectivos frágiles como los trabajadores inmigrantes o los temporales.
