En la actualidad, el IVA a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un servicio idéntico concertado o público se tributa al 4%. ¿Esto qué supone para los dependientes?
En opinión de más de cien agentes sociales y económicos se trata de una grave "injusticia social" y por eso han firmado un manifiesto en el que exigen al Gobierno que equipare el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales privados (10%) y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados (4%) mediante la inclusión de dicha medida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Radiografía de la dependencia en España
Según afirman en el manifiesto, "no se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social". Para este centenar de entidades no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente.
¿Pero cómo son los dependientes españoles? El 67% son mujeres; el 75% de ellas tienen 80 años o más; el 97% tienen enfermedades crónicas; y el 67% de personas que residen en una residencia tienen un deterioro cognitivo severo.
Por otra parte, "existen 310.000 dependientes en España que sí cumplen los criterios para recibir una prestación y no la reciben porque están en lista de espera. Y por desgracia cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho", afirma el manifiesto. Y lo peor es que las perspectivas de futuro no son mucho mejores ya que España se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población, la llamada 'revolución de la longevidad' y el número de personas mayores de 85 años o más se espera que crezca un 155% entre el 2015 y el 2051.
"Es un derecho básico"
Para María José Abraham, directora general de Edad&Vida, "la atención a la dependencia es un derecho básico reconocido por la Ley de Dependencia y debería tratarse de la misma manera independientemente de su financiación, sea pública o privada. No tiene sentido que para un mismo producto o servicio se aplique un IVA distinto en función de quien lo pague, un 4% o un 10%, ya que esto perjudica claramente a la persona que debe pagarse una plaza o servicio con sus propios recursos".
El sector critica que se trate la atención a la dependencia como un lujo. Lo consideran un servicio de primera necesidad y por ello creen que "debe tributar a un 4%, al igual que otros servicios básicos".
Además recuerdan que lo que suele ocurrir es que "la falta de plazas públicas en las residencias y el largo tiempo de espera que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia, hasta que se otorga una plaza, obliga a muchas personas a contratar una residencia privada y a asumir un 6% más de IVA por la misma atención y servicio". De ello se queja Ángel Quesada, presidente de Ceoma, que insiste en que como la esperanza de vida ha aumentado "un mayor dependiente puede vivir muchos años en una residencia", padeciendo esta desigualdad fiscal.
Precisamente por todos estos motivos, las entidades sociales se han juntado para solicitar una solución a largo plazo a lo que consideran un problema. "Equiparar el IVA de los servicios de atención a la dependencia afectaría positivamente a más de 200.000 mayores de toda España que actualmente utilizan una plaza residencial privada, a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales. Cada usuario ahorraría de media 106 euros mensuales con esta medida, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales", afirma el manifiesto.
Las entidades del sector están convencidas de que igualando el IVA al 4% se aliviaría la situación de muchos dependientes y se contribuiría a la ocupación plena de los centros, que a su vez supondrían nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.
Desde el Círculo de Empresas de Atención a las Personas (CEAPs), recuerdan que cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho. Entre las organizaciones que firman el manifiesto están la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (Aesfas), la Federación de Jubilado de Cajas de Ahorro, la Asociación de Veteranos de RTVE, la Fundación Edad & Vida; la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) y el Consejo Español para las Personas con Discapacidad y Dependencia (Ceddd); así como otras entidades autonómicas y provinciales.
