Habrá otro 155, pero ahora no. Esta idea podría resumir la filosofía del acuerdo al que el Gobierno y el Partido Socialista llegaron ayer, en términos generales, toda vez que se produzca una eventualidad, un nuevo desafío, y antes se hayan interpuesto los recursos previos ante el Tribunal Constituacional, por lo que la reedición del artículo 155 nunca sería antes de la aprobación de Presupuestos, que el próximo 24 de mayo deberían quedar listos para enviarlos al Senado.
En este preciso instante, ni al Gobierno ni al Partido Socialista les interesa reeditar el 155 una vez que decaiga éste, que lo hará en el preciso momento en el que haya formación de Gobierno en Cataluña. Al PP, porque trata de llegar a tiempo a los Presupuestos y no quiere encontrarse de nuevo con la oposición del PNV, y al PSOE, porque les obligaría a retratarse con las Cuentas en un escenario preelectoral, justo cuando las encuestas no les dan buenas noticias.
Para el Gobierno, y también en opinión del Partido Socialista, la forma que los consejeros elijan para el acto de investidura (juramentos, promesas, con o sin el Estatut, con o sin la Constitución, como se prevé), así como el posible nombramiento de algunos consellers, actualmente encarcelados por varios delitos, no es tampoco razón que justifique legalmente la reedición del artículo 155, teniendo en cuenta la borrosa jurisprudencia que hay sobre esta materia, y que ha acabado favoreciendo a los independentistas.
Los dos, PP y PSOE, comparten que Quim Torra es un xenófobo, un racista, un supremacista, un candidato que no les gusta. Pero el lunes, Torra "simplemente fue elegido por el Parlament" y ni siquiera su oratoria es motivo para volver de nuevo al Senado y aprobar otro 155. "Estas son las reglas", señaló ayer Fernando Martínez Maíllo en rueda de prensa.
Así que, habrá que esperar, actuar con moderación, ponderación, proporcionalidad, y estudiar un 155 con una naturaleza distinta, que para empezar no tendrá por objeto final la celebración de unas elecciones autonómicas, y cuya temporalidad habrá de quedar definida, como así exige la ley.
Entre tanto, de aquí al jueves, cita en la que Rajoy y Rivera se verán las caras, el Gobierno seguirá trabajando por el apoyo de Ciudadanos -que se resiste a demorar el tiempo de aplicación- y, por ofrecer una imagen de unidad, sobre todo de cara a nuestros socios europeos, recordando que el actual 155 no se puede prorrogar, porque el pacto que firmaron PP, PSOE y C's dice claramente que una vez se forme Gobierno en Cataluña, la norma constitucional decae, "algo con lo que todos estuvieron de acuerdo", apostilla el PP.
De cualquier forma, antes de la reunión en Moncloa, C's recibió ayer la información de los grandes epígrafes del acuerdo de Gobierno-PSOE, pacto al que se pueden incluir algunas de las iniciativas que aporte Albert Rivera, tal y como apuntó la dirección nacional del PP.
Ayer por la tarde, desde Budapest, y tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Rajoy dijo estar dispuesto a verse con el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, si éste se lo solicita, pero avisó de que en Cataluña "ni hubo independencia ni república" ni "la va a haber" en el futuro. Además, recalcó que todo el mundo tiene que "cumplir la ley" y añade que en esta comunidad "solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establecen la Constitución y el Estatuto".
Control financiero
La previsible retirada del artículo 155 no representará la finalización del control financiero por parte del Gobierno iniciado en 2015 y reforzado posteriormente en julio de 2017, hasta llegar a la intervención total en setiembre. Rajoy y Sánchez acordaron ayer que se debe "mantener la supervisión" hasta "saber exactamente el camino del nuevo presidente". Fuentes conocedoras de la fiscalización del Estado en Cataluña reconocieron ayer que el control total debería expirar con el fin del 155, pasando a los mecanismos ya aprobados en 2015.
El Ejecutivo decretó entonces una orden ministerial que exigía al Govern una certificación extraordinaria sobre la legalidad en el uso de recursos del FLA. Ante la rebaja de la calificación de la deuda pública de Cataluña, Hacienda justificó la medida para garantizar que la Generalitat priorizaba la financiación de los servicios públicos y defendía "el interés general".
Este sistema de supervisión establece que la Interventora General, Rosa Vidal, debe remitir antes del día quince de cada mes un informe mensual con todos los pagos efectuados en el mes precedente y con la contabilidad del sector público, además de comprometerse con que los actos sobre los que ha tenido conocimiento "no contravienen el ordenamiento jurídico vigente".
El acuerdo también obliga a la Generalitat a destinar los recursos del FLA al pago de servicios públicos "prioritarios" -como la educación, la sanidad o la dependencia- y al abono de las remuneraciones a los funcionarios. Además, los recursos del fondo se desembolsarán directamente a sus acreedores, sin pasar por las manos de la Generalitat. En todo caso, Hacienda debe verificar el cumplimiento del orden ministerial antes de autorizar el desembolso del FLA.
Otra de las medidas es la supervisión, operación por operación, del endeudamiento a largo plazo de la Generalitat y, cuando corresponda, la autorización por tramos de la deuda a corto plazo. El Govern también debe conectar su registro contable directamente con el punto de entrada de facturas electrónicas del Estado. La vigencia de las medidas se mantendrá hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la comunidad.
