El Gobierno de Mariano Rajoy se va a ver obligado a reformar el modelo de financiación autonómica por partes debido a la ingobernabilidad que sufre Cataluña, la primera economía regional de España. La citada reforma no acaba por llegar a pesar de las enormes presiones de los barones y del interés del Ministerio de Hacienda de desencallar la negociación, anclada en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal.
La situación catalana es el principal escollo de una larga negociación que arrancaba con una Conferencia de Presidentes en 2017, entonces sin la presencia de los responsables catalanes en la materia. El Ejecutivo -consciente de que, aún habiéndose constituido un nuevo Govern de la Generalitat, el mismo puede desistir de participar en la CPFF y, por tanto, en la resolución de un nuevo modelo- no descarta tomar una serie de medidas que sirvan para ir solventando este problema ante la falta de una financiación autonómica acorde con las necesidades actuales de las regiones. Eso daría paso, por ejemplo, a la aplicación de mecanismos puntuales que primarían a las comunidades cumplidoras con el objetivo de estabilidad. Una especie de reestructuración de la deuda, que no es una novedad, pues ya se viene aplicando desde hace tiempo.
Se trataría de aprovechar los mecanismos de liquidez (FLA), de liquidaciones negativas pendientes derivadas de la financiación autonómica, o de considerar la vigencia de las no devoluciones para las comunidades autónomas que cumplen con el objetivo de estabilidad. Así mismo, contemplaría, como con las Administraciones locales, la flexibilización de la regla de gasto para las CCAA que podrán invertir el superávit en inversiones financieramente sostenibles.
De cualquier modo, todas estas medidas estarían condicionadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y a la posterior aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y además, habrán de ser expuestas en el seno del encuentro entre las comunidades autónomas, que será convocado en breve, como ya anticipó Mariano Rajoy tras reunirse hace unas semanas con los barones de Aragón y Andalucía, Javier Lambán y Susana Díaz, respectivamente.
Lo que parece claro es que el Ejecutivo de Rajoy planteará el Consejo de Política Fiscal y Financiero por partes. Primero mostrando y debatiendo los grandes planteamientos, y después paso a paso, y estudiando todas las casuísticas. Y entre ellas, admiten fuentes de Hacienda, que Cataluña se enroque y decida no participar del nuevo modelo, en cuyo caso el Gobierno tendrá que tomar una decisión tajante para saber qué camino tomar: es decir, prescindir de la opinión de los dirigentes catalanes, o seguir adelante, tal y como piden numerosos presidentes autonómicos, entre ellos los del Partido Socialista, como Patxi López, quien pidió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ponga sobre la mesa ya un nuevo modelo de financiación autonómica , criticando que "algunos" ofrezcan "excusas" para hacerlo, como la aplicación del 155 en Cataluña. El Gobierno reconoce que, sin Cataluña, negociar un modelo será "muy difícil", pero espera que las fuerzas políticas sean capaces de acordar un Govern dentro de la ley para atender a los problemas de los catalanes y participar en la negociación de la financiación.
Mientras, Albert Rivera solicitó el lunes a Rajoy que presente una propuesta urgentemente para negociar el nuevo modelo: "Pactamos con el PP la creación de una comisión de expertos en un plazo de tres meses y la presentación de una propuesta en un año". Rivera matizó que los expertos ya han presentado su informe y, sin embargo, el "Gobierno se está demorando".
Aunque no entró en el fondo de la negociación, el presidente de C's sí criticó que el PP y el PSOE han ido en la dirección contraria de la recomendación del grupo de expertos en referencia a la continuidad del Cupo vasco.
