Theresa May mantiene su "determinación" de aparentar que tiene control sobre el Brexit, a pesar de que el sudoku planteado por la salida de la unión aduanera no tiene solución. Tras una convulsa semana en la que comprobó, por si le hacía falta, el grado de división ante las diferentes opciones sobre la ruptura, la primera ministra británica escribió ayer para el Sun on Sunday para insistir en que el divorcio de la UE implica abandonar tanto el mercado común como la unión de tarifas.
Su artículo confirmó lo anunciado por ella misma en enero de 2017, pero se quedó corto de detalles a la hora de concretar cómo, una táctica consciente por parte de May, que sabe que su única vía de escape es retrasar una solución que, por unos u otros, carece del suficiente apoyo en el Parlamento.
De momento, lo que ha hecho para transmitir una imagen de eficiencia es ordenar una revisión de las propuestas planteadas, sobre todo después de que la reunión del Gabinete de Guerra del Brexit de la semana pasada semana arrojase como único avance un mantenimiento del bloqueo.
Lo que semejaría una reacción funcional por parte de una mandataria abierta al diálogo constituye, en realidad, otra vuelta en el bucle de indeterminación en el que ha derivado la negociación de la ruptura en casa, en otras palabras, una maniobra para continuar comprando tiempo. De nada sirve que Bruselas haya demandado avances a tiempo para el crucial Consejo Europeo del mes que viene y, mucho menos, la inevitabilidad de octubre, el plazo oficioso marcado por las partes para haber llegado a un principio de acuerdo.
A May no le queda otro remedio. Los euroescépticos son ahora mayoría en el subcomité del Gobierno responsable de las decisiones ejecutivas en materia de salida. Hasta hace una semana, estaba dividido al 50% entre los cinco partidarios de una solución blanda, que mantenga los lazos lo más estrechos posibles con la UE, y el quinteto que mantiene la reivindicación de "recuperar el control" como fórmula de veto a cualquier sistema que se parezca a la todavía en vigor pertenencia al bloque.
La premier sería, a priori, quien rompería el empate técnico, pero la dimisión de la ministra de Interior por las disfunciones en la gestión de la llamada Generación Windrush desequilibró la balanza. Amber Rudd era una de las representantes más notables, y autorizadas, del frente pro-Bruselas. Una de las grandes activistas durante la campaña del referéndum de junio de 2016, estaba considerada también como una de las voces del ejecutivo a las que May escuchaba con más atención, en parte porque fue la responsable de asumir la cartera que la primera ministra había desempeñado hasta que se mudó a Downing Street.
Su sustituto, Sajid Javid, se había definido tradicionalmente como un euroescéptico y reconoció que, aunque en el plebiscito de hace dos años había votado a favor de la continuidad en Europa, lo había hecho "con pesar".
Esta reticencia se hizo aparente en el encuentro del miércoles, cuando el equilibrio de fuerzas comenzó a decantarse a favor del frente anti-UE, que ve en Javid un aliado para sabotear la apuesta preferida por Downing Street para evitar la reimposición de una frontera dura con Irlanda, sin impedir a Reino Unido sellar sus propios acuerdos comerciales.
La fórmula híbrida, que llevaría a recolectar tarifas a terceros en nombre de Bruselas, supone para muchos una manera de continuar en la unión aduanera, pero bajo otro nombre, es decir, una concesión de complicada digestión para quienes ven en el divorcio la oportunidad de romper cualquier lazo con el matrimonio de conveniencia que durante más de 40 años había unido el destino de Londres al del bloque.
El rechazo del núcleo duro del Gobierno cuenta con un importante respaldo en el grupo de eurófobos que pueblan las filas conservadoras y que no ha desperdiciado la ocasión de recordarle a May que su propia continuidad en el Número 10 depende de que estén satisfechos con cómo está diseñando la salida. A días de la reunión del Gabinete de Guerra, los 60 miembros del Grupo de Reforma Europeo le habían hecho saber que la "sociedad aduanera" planteada era impracticable, una opinión que, paradójicamente, comparte Bruselas.
Hay una mayoría en Westminster que descarta una propuesta que amenaza el acuerdo de paz en el Ulster y que, irremediablemente, implicaría una frontera con Irlanda. Para una primera ministra cuya supervivencia en el cargo depende de los unionistas norirlandeses, cualquier encaje que afecte a la isla de Irlanda resulta demasiado peligroso, sin amenazar la continuidad misma del gobierno.
