Bruselas, 24 oct (EFECOM).- El gasto agrícola de la Unión Europea, que ascendió el año pasado a 48.500 millones de euros, "sigue afectado de manera significativa por errores", como declaraciones de gastos excesivas o incumplimiento de obligaciones por parte de los agricultores, según el Tribunal de Cuentas Europeo.
En su informe anual de 2005, el Tribunal afirma que el cambio a un nuevo sistema contable por parte de la Comisión Europea ha supuesto un "progreso considerable" en la gestión del gasto comunitario.
Pero incide en las "debilidades" en los sistemas de control interno de la mayor parte de los gastos, tanto por parte de la Comisión como por los Estados miembros.
Gracias a la nueva contabilidad basada en el principio de devengo, las cuentas de la UE en 2005 (con un total de pagos efectuados de 104.800 millones de euros) reflejan fielmente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Unión y los resultados del ejercicio, señala el Tribunal.
No obstante, el organismo fiscalizador muestra "reservas" por la presentación inexacta del balance y por la aplicación incoherente de los procedimientos de separación de ejercicios.
Según el informe, la mayor parte del presupuesto de pago (que incluye los gastos agrícolas, medidas estructurales, políticas internas y acciones exteriores) registra numerosos "errores", debido a las deficiencias en el control interno, especialmente en los Estados miembros, aunque también en los que son responsabilidad directa de Bruselas.
Durante la presentación del informe ante la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el presidente del Tribunal, Hubert Weber, precisó que las conclusiones del informe no significan que todos los pagos están afectados por errores ni puede interpretarse como una señal de fraude.
Weber explicó que la mayoría de errores se deben a que los beneficiarios -los agricultores, las autoridades locales o los gestores de proyectos- solicitan más ayuda de la que les es permitida, debido a simple negligencia, conocimiento insuficiente de la normativa y, en ocasiones, a presuntos intentos de fraude.
En su opinión, la Comisión debería administrar el presupuesto de forma que el riesgo de irregularidades se reduzca, recurriendo a medidas preventivas y a controles adecuados.
En lo que se refiere al capítulo agrícola, el más abultado del presupuesto comunitario, el Tribunal destaca que el sistema integrado de gestión y control (SIGC) resulta eficaz para limitar las irregularidades, pero recuerda que no cubre todos los pagos ni se aplica plenamente en los nuevos Estados miembros.
Incide en que en el 44 por ciento de los gastos agrícolas no cubiertos por el SIGC -como el aceite de oliva, el desarrollo rural y las restituciones por exportación- el riesgo de irregularidades sigue siendo elevado y los controles insuficientes.
En el caso de las medidas estructurales (32.800 millones de euros en 2005), el organismo de fiscalización presupuestaria también detectó sistemas de control débiles, sobre todo por los Estados miembros, que conducen a que los errores cometidos por los beneficiarios en sus declaraciones no se prevengan ni corrijan.
En políticas internas (8.000 millones de euros), que gestiona directamente la Comisión, el Tribunal lamenta que, a pesar de los numerosos errores detectados en los pagos a beneficiarios, el número de controles a posteriori llevados a cabo en 2005 fue muy inferior a los realizados en 2004.
Denuncia, además, que los procedimientos de recuperación en caso de infracciones son cada vez más lentos y los mecanismos de sanción, en gran medida inadecuados.
En cuanto a las acciones exteriores (5.000 millones), también gestionadas por la Comisión, los errores más frecuentes afectan a las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos.
Por último, en la estrategia de preadhesión (3.000 millones), el Tribunal cree que los gastos son legales y regulares, excepto en el programa Especial de Adhesión para la Agricultura y el Desarrollo Rural (Sapard), donde hay "errores significativos" y hace falta mejorar la supervisión de los sistemas nacionales.
El Tribunal de Cuentas concluye que, más que aumentar el número de controles sobre el gasto comunitario, la UE debería mejorar la calidad y fiabilidad de los sistemas existentes, e incide en que este problema menoscaba la eficacia del funcionamiento de la Unión. EFECOM
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