La primera ronda de consultas con los partidos italianos del presidente de la República, Sergio Mattarella, se concluyó el jueves sin éxito. "A día de hoy, no hay ninguna posibilidad de formar Gobierno", declaró el jueves por la tarde Mattarella, tras haber hablado con todos los líderes. Las reuniones en el Palacio del Quirinale se reanudarán durante los próximos días.
En una situación muy incierta, sólo una cosa es segura: el futuro Gobierno italiano corre peligro de enfrentarse, nada más nacer, a su primer ajuste presupuestario. Bruselas, de momento, calla a la espera de que en Roma tome posesión un nuevo Ejecutivo.
Sin embargo, las cuentas públicas indican que Italia tiene que aprobar nuevos recortes: la semana pasada, el instituto transalpino de estadística Istat revisó al alza la estimación del déficit público transalpino para 2017, hasta el 2,3% (con respeto al anterior 1,9%). Según indicó la oficina estadística europea Eurostat, Roma se había olvidado contabilizar los 4.700 millones de euros que se utilizaron el año pasado para rescatar a dos bancos: Veneto Banca y Popolare di Vicenza.
"Habrá que ver lo que pasa, pero no me sorprendería si Europa nos pidiera un ajuste, de un 0,2% o 0,3% del PIB", declaró Carlo Cottarelli, antiguo director ejecutivo del FMI y ex-comisario de la revisión del gasto público durante el Gobierno tecnócrata de Mario Monti. Según los cálculos de Cottarelli, que actualmente es director del Observatorio sobre las Cuentas Públicas de la Universidad Católica de Milán, la factura para el Ejecutivo italiano sería de alrededor de 3.500 millones de euros. Recaudarlos sería solo el primer obstáculo para el nuevo Gobierno italiano. Si se mira hacia 2019, se vislumbra un esfuerzo mucho más grande: por lo menos, 20.000 millones de euros.
Unos 12.400 millones sirven para evitar que entre en vigor una "cláusula de salvaguardia" prevista por los anteriores Ejecutivos. Esta cláusula, pensada para ganar tiempo y aplazar de año en año la solución al problema presupuestario, obliga a una subida del IVA si no obtiene los ingresos previstos a través de otras medidas. Otros 7.000 millones están relacionados con compromisos ya contraídos, pero sin cobertura financiera (misiones militares internacionales, transferencias a las regiones, subidas salariales para las administraciones públicas…).
Desequilibrio en las pensiones
Eso no es todo. Según los analistas, hay a la vista otra bomba presupuestaria para el país transalpino. Mientras los dos partidos ganadores de las últimas generales (el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte) proponen la revisión de la reforma de pensiones aprobada por los tecnócratas en 2011, Europa se prepara para destacar nuevos desequilibrios en la financiación de la seguridad social transalpina.
Según los resultados preliminares del grupo de trabajo intergubernamental sobre el envejecimiento de la población, anticipados por los medios italianos, el gasto en pensiones alcanzará en 2040 el 18,5% del PIB, con respeto al 16,3% previsto por Roma. El pesimismo del informe europeo se basa en previsiones de crecimiento del 0,7% medio anual, frente al 1,2% estimado por el Gobierno.
Los partidos ganadores (Liga y M5S) defienden que un repunte del crecimiento italiano calmará estos temores. Sin embargo, señala la firma de análisis económica Prometeia en su informe sobre la economía italiana, "las condiciones externas serán cada vez menos favorables: la política monetaria reducirá progresivamente su ayuda a la política fiscal". Los analistas de la firma de análisis indican que el PIB seguirá creciendo, pero se ralentizará (1,4% en 2018, con respeto al 1,5% de 2017, con una previsión del 1,3% para 2019): un frenazo causado, además de por los cambios en la política monetaria europea, por las incertidumbres del comercio internacional.
Prometeia, además, prevé que "la consolidación fiscal frenará para cumplir, al menos en parte, con las promesas electorales". Los analistas estiman que "hay margen para gastos adicionales de 5.000 millones de euros".
Pero las promesas electorales de M5S y Liga Norte, los dos partidos ganadores que intentarán formar Gobierno (juntos o buscando otras alianzas) son mucho más caras: el M5S quiere introducir una renta básica de ciudadanía que podría costar más de 15.000 millones al año. La Liga promete introducir un tipo único de IRPF con un coste estimado de por lo menos 40.000 millones al año que, sin embargo, según el movimiento derechista, se compensarían con un repunte del PIB y mayores ingresos fiscales.
