Dentro del partido conservador británico hay alguien que no debe estar muy contento con la vorágine diplomática que se ha desatado a raíz del envenenamiento de Sergéi Skripal y su hija Yúlia en Salisbury. Mientras Theresa May y Boris Johnson compiten por ver quién se atreve a apuntar más alto a la hora de repartir responsabilidades en el Kremlin, esa persona, ese ente abstracto que lleva las cuentas y se tira los días haciendo números, resopla. Y lo hace porque sabe que buena parte de los ingresos de los tories durante la última década han provenido de manos rusas.
En concreto más de 3,4 millones de euros desde 2010, casi 930.000 de ellos durante los últimos 20 meses -momento en que se celebró el referéndum que dio el pistoletazo de salida al Brexit- y que casi están pasando desapercibidos durante la crisis que se está viviendo en las últimas dos semanas entre Reino Unido y Rusia. Esa ingente cantidad de dinero, por supuesto, no provino directamente de donaciones del Estado ruso, sino que siguió filtros mucho más discretos y lógicos para poder llegar hasta los bolsillos del partido que actualmente gobierna una de las naciones más importantes del mundo.
Por ejemplo en 2014 Lubov Chernukhin, la mujer del ex ministro de economía ruso, pagó la modesta suma de 181.000 euros por jugar un partido de tenis con el premier, David Cameron, y el entonces alcalde de Londres y ahora ministro de Exteriores británico, Boris Johnson. En total, y desde que en 2012 la Comisión Electoral la declarase en un primer momento como una "donante impermisible", Chernukhin ha aportado generosamente 583.000 euros a las arcas de la formación conservadora. Más o menos los mismos que Gérard López, un directivo de una empresa estrechamente ligada a los bancos rusos sancionados durante la crisis de Ucrania y que ha llegado a contribuir él sólo con 453.000 euros durante estos últimos años.
¿Injerencias del Kremilin?
A pesar de que durante este tiempo los medios afines a la derecha conservadora del país hayan intentado correr un tupido velo en cuanto a la naturaleza de y fuente de estas donaciones, la crisis que se ha abierto con Rusia ha reabierto el debate de si el partido conservador debe devolver el dinero recibido para acabar con cualquier especulación acerca de injerencias del Kremlin en la política nacional británica. El ministro de Economía, Phillip Hammond, se escandalizó al escuchar la pregunta por creer que podría suponer estar discriminando a un colectivo inmigrante: "Hay personas en este país que son ciudadanos británicos y rusos de origen. No creo que tengamos que mancharlos, o marcarlos, con el pincel de Putin".
Un Vladimir Putin al que la semana pasada el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, acusaba directamente de estar detrás del envenenamiento con un derivado del gas nervioso militar ruso, Novichok, envalentonado por la demostración de fuerza y aliados internacionales de la que hizo muestra el gobierno británico: "Es abrumadoramente posible que fuese una decisión suya directa el utilizar un agente nervioso en las calles de Reino Unido, de Europa, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que estamos así con Rusia".
Por su parte la primera ministra, Theresa May, anunció durante su discurso del pasado miércoles en Salisbury no sólo el apoyo de EEUU, Alemania y Francia a las denuncias británicas, sino también su intención de reducir el poder que el dinero ruso ejercía dentro de las fronteras de su país. "Vamos a congelar los activos del Estado ruso allá donde tengamos pruebas de que pueden utilizarse para amenazar la vida o la propiedad tanto de ciudadanos británicos como de residentes en nuestro país", anunció la premier británica. "Además, guiados por la Agencia Nacional del Crimen, seguiremos utilizando todos los recursos amparados por nuestra legalidad para luchar contra los criminales y las élites corruptas. No hay lugar para esas personas, o su dinero, en nuestro país".
No fue sin embargo la advertencia más dura que se ha escuchado durante esta semana contra los oligarcas rusos que residen en Londres. El secretario de Estado de Seguridad británico, Ben Wallace, llegó a amenazarles directamente: "Cuando os encontremos iremos a por vosotros y a por vuestros bienes, y haremos muy difícil el entorno en el que vivís". Para ello, el gobierno británico se valdrá de lo que se conoce como Órdenes de Riqueza Inexplicadas (UWO), que otorgan poderes a las autoridades para intervenir activos por valor de 60.000 euros o más siempre y cuando los propietarios no puedan justificar la procedencia del dinero.
