La situación en Cataluña, incapaz de formar Gobierno, y con la amenaza de unas nuevas elecciones autonómicas, puede introducir un nuevo revés en el último calendario previsto por el Gobierno de Mariano Rajoy en lo relativo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin el apoyo constatable del PNV, el Ejecutivo podría presentar el anteproyecto de las Cuentas Públicas de 2018 el próximo 23 de marzo en Moncloa, sin el preacuerdo de los nacionalista vascos, reticentes a cerrar ningún pacto presupuestario si el artículo 155 de la Constitución sigue vigente en Cataluña.
Tal y como están las cosas, con este limbo político, los últimos diez días de abril se convierten en la fecha límite en la que las formaciones que a priori pretendían suscribir los Presupuestos de 2018, al menos en septiembre, decidan ahora si quieren o no que prosperen los mismos, en cuyo último caso votarán en contra de todas las enmiendas a la totalidad. Por tanto, la votación de estas enmiendas será el último gran test para que el Partido Nacionalista se pronuncie y manifieste su posición.
Semanas atrás, el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometía a llevar el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado al Consejo de Ministros del 23 de marzo. Días más tarde, el trámite legal hará que el documento llegue al Congreso de los Diputados, bien el Martes Santo, bien el Martes de Pascua. A partir de ese momento, una vez registradas las Cuentas, comienza la exposición de los distintos Ministerios, encargados de desmenuzar cada una de las partidas. A los ministros les seguirán otras comparecencias. Concluida esta etapa, se inicia una nueva fase de la tramitación con la votación de las enmiendas a la totalidad, cuya fecha bien podría estar alrededor del 20 de abril.
Para estas enmiendas a la totalidad se necesita la mayoría absoluta, es decir, 176 votos, aunque los PGE pueden prosperar siempre y cuando se sucedan tres empates consecutivos, de manera que, al tercer empate, las enmiendas a la totalidad caen por su propio peso, y justo ahí arranca el debate a las enmiendas parciales.
En los Presupuestos de 2017, el misterio se mantuvo hasta el final. Nueva Canaria, cuyo portavoz es Pedro Quevedo, alargó su no en las enmiendas, rubricando el acuerdo en el último minuto.
La posición de Ciudadanos
En el caso de Ciudadanos, el grupo político que lidera Albert Rivera, todavía no ha recibido la llamada del Gobierno para consensuar los PGE, pese a que Moncloa ha ido dando en las últimas semanas una serie de pasos para acercar posiciones con la formación naranja. Se trata, entre otras demandas, de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos d' Esquadra. José Manuel Villegas, secretario general de C's, reiteró el lunes la disposición de su partido, insistiendo en que no habrá apoyo si no se incrementa el permiso de paternidad, se desgrava la escolarización de cero a tres años, se baja el IPRF a determinados sectores, se destinan los fondos acordados a la lucha contra la violencia de género, o se extiende la tarifa plana para nuevos autónomos. Además, también reclaman el cese de la senadora, Pilar Barreiro, investigada por el caso Púnica.
El secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, fijó el lunes hasta el mes de junio el plazo para que el presidente del Gobierno consiga el respaldo parlamentario necesario para aprobar los Presupuestos. Si no, debe convocar elecciones. En opinión de Sánchez, "dependerá de Rajoy prolongar la agonía o dejar que los ciudadanos se pronuncien". A su juicio, este Ejecutivo está agotado y es incapaz de afrontar los retos de una "sociedad que avanza".
Sobre el abandono por parte del PSOE de la subcomisión de Educación, que trabaja por un pacto educativo, aseguró que están "dispuestos a llegar a un pacto educativo, pero sin recursos económicos es imposible".
