La intervención de la administración catalana por parte del Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución a finales de octubre sirvió para frenar el proceso independentista, pero está fracasando en su objetivo de ser una acción acotada en el tiempo con la que lograr un nuevo gobierno catalán que respetase la Constitución.
Tras la revalidación de la mayoría absoluta independentista en las elecciones del 21 de diciembre, el pulso que mantienen las formaciones secesionistas -con JxCat marcando la agenda- con Moncloa está eternizando el 155, que va camino de acercarse a los seis meses de duración, ya que se activó el pasado 27 de octubre.
El hecho de que JxCat fuese el partido rupturista más votado en diciembre dio alas a Carles Puigdemont para imponer su criterio por encima del de ERC y para seguir una estrategia de desgaste contra el gobierno central desde la libertad que le proporciona su huida a Bruselas para escapar de la justicia española. Primero lo hizo con su candidatura para recuperar su cargo como presidente catalán legítimo, y luego con la de Jordi Sànchez, inviables ambas en la práctica por la imposibilidad de ambos de acudir al pleno de investidura al ser prófugo en el primer caso y estar en prisión provisional en el segundo.
Hoy debía celebrarse el pleno para que Sànchez defendiese su candidatura como president, pero no será posible por la negativa del juez Pablo Llarena de concederle la libertad o un permiso con el argumento de que persiste el riesgo de reiteración delictiva. Tras ello, Roger Torrent decidió posponer por segunda vez el pleno de investidura a la espera del recurso de apelación que la defensa de Sànchez prevé presentar hoy ante el Tribunal Supremo para pedir su puesta en libertad para acudir al debate en la Cámara catalana. En un principio, Torrent suspedió la investidura ante el inminente recurso de Sànchez al Tribunal de Estrasburgo, pero el ex presidente de la ANC ha cambiado de estrategia.
Este giro deja un nuevo choque con los partidos constitucionalistas, puesto que los motivos por los que el pleno fue suspendido tan desaparecido.
Durante del fin de semana, el presidente del Parlament ha defendido que no podía ser un juez el que decidiera el presidente de Cataluña. Este bloqueo provoca que sin el primer pleno investidura no empieza a correr el calendario de dos meses que obligaría a convocar nuevas elecciones autonómicas ante la imposibilidad de formar gobierno en la comunidad, pero el calendario sí corre en contra de Mariano Rajoy, obligado a mantener el 155 mientras no haya una nueva Generalitat que pueda tomar el relevo.
La carta de Puigdemont
Puigdemont, que advirtió que su paso al lado es "provisional", consideró el viernes que "nadie" quiere ni busca unas nuevas elecciones en Cataluña, pero que tampoco sería una "tragedia", y repitió su argumento de que, si se llega a ellas, será porque Rajoy no ha aceptado los resultados del 21- D. El sábado el ex presidente catalán criticó la decisión del juez Pablo Llarena y se preguntó si era más importante una decisión judicial o "dos millones de catalanes". JxCat amenazó con querellarse contra Llarena.
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