El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, volverá a comparecer, por segunda vez, en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, antes de que finalice su mandato a mediados de junio, según fuentes parlamentarias.
Linde fue el primero en comparecer en esta comisión, el 12 de julio de 2017, cuando admitió que la entidad cometió un "error importante" al ser demasiado optimista y no prever la dureza de la crisis económica y el impacto de las dos recesiones en la banca.
El gobernador del Banco de España reconoció que "se hicieron cosas mal, equivocadas y hubo juicios erróneos", pero también que la petición del rescate bancario a las autoridades europeas se hubiera producido igualmente "con o sin Bankia" ya que había "ansiedad" por ese rescate.
Linde tendrá oportunidad de rebatir en el Congreso las declaraciones que hizo el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España a su paso por esta comisión, Pedro Luis Sánchez, y que -según el Consejo de Gobierno del Banco de España- son "inaceptables" y "graves".
Así se lo ha hecho saber el Consejo de Gobierno del organismo supervisor, también integrado por la directora general del Tesoro, Emma Navarro, y la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a través de una carta.
La misiva, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el Consejo de Gobierno en su reunión del 29 de noviembre de 2017 acordó señalar a la Comisión sobre la crisis financiera que el Banco de España ha atendido siempre con "rigor y diligencia" las solicitudes de información de las autoridades judiciales, en relación al caso Bankia.
Señala que el Banco de España ha informado y continúa informando a la Fiscalía de todos aquellos asuntos en los que entiende que pudieran existir indicios de delito y afirma que es "inaceptable" la insinuación de que algunos peritos hayan podido ser represaliados por sus informes.
También, argumenta la independencia del Banco de España en su supervisión y puntualiza que la inspección de la entidad lleva a cabo, cada año, centenares de actuaciones, "por lo que no debe sorprender que puedan darse discrepancias técnicas en el seno de los equipos, sin que ello implique conflicto alguno".
"En todo caso, el Banco de España dispone de procedimientos internos para que sus empleados o sindicatos puedan denunciar represalias, acosos u hostigamientos como consecuencia del ejercicio profesional, no habiéndose recibido por este cauce ninguna denuncia procedente del personal adscrito", puntualiza la carta.
Y es que el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España negó un mes antes en el Congreso los argumentos de la dirección del Banco de España de que no hubiera un soporte jurídico legal para frenar el aumento del crédito.
"La regulación financiera era más que mejorable", afirmó, después de insistir en que la institución más capacitada para evitar la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria era el Banco de España.
Sánchez denunció "la gestión de aquellos que utilizaron a la institución para escudarse y afirmar que si se les cuestiona a ellos se cuestiona al Banco de España".
Además, criticó que no hubiera dimisiones en el BdE tras la sentencia del Tribunal Constitución que confirmó que la salida de acciones de Bankia fue incorrecta y dijo que "lo que se produjeron fueron promociones y ascensos a muchos de los implicados en este caso.".
También el secretario general de la Asociación de Inspectores del Banco de España, José Antonio Delgado, dijo a su paso por la comisión, que la institución había apartado en los últimos años a varios inspectores que descubrieron deficiencias en entidades o destaparon irregularidades y reclamó un marco legal que proteja la independencia de este colectivo para intentar luchar contra "la captura del supervisor" por las entidades supervisadas.
Ante estas declaraciones el Consejo de Gobierno del Banco de España afirma en su carta que "carece de fundamento y es inaceptable la insinuación según la cual se ha podido promocionar a profesionales de la Dirección General de Supervisión debido a su supuesta conformidad con prácticas y políticas irregulares y favorables a las entidades supervisadas".
También rechaza rotundamente la denominada "captura" de la supervisión del BdE y lamenta que pueda generar dudas en la actuación de este organismo y en su reputación.