La factura de la inestabilidad política, social y económica generada por el desafío de los independentistas catalanes al Estado todavía está por cuantificar. La entrada del Gobierno central en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución apaciguó algo los ánimos y frenó la fuga de empresas, tras un mes de octubre caótico en la región. Pero las consecuencias de las tensiones vividas en los últimos meses son tales que más de la mitad de los empresarios españoles -en concreto, el 53%- consideran que la realidad política de 2017 ha tenido un impacto negativo en su negocio.
Así se desprende del informe Perspectivas España 2018, elaborado por KPMG en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El documento especifica además que, de ese 53%, el 88% creen que la crisis política generó incertidumbre, el 57% aseguran que paralizó decisiones de inversión y el 46% afirman que afeó la imagen de España.
Son solo algunas de las conclusiones de una encuesta llevada a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado y que, pese a la coyuntura del momento, lanza un mensaje claramente optimista en cuanto a las perspectivas empresariales. Tanto es así que, según el informe, los directivos españoles expresan su "valoración más positiva de la coyuntura económica de los últimos ocho años". Así, el 60% de los encuestados piensa que la situación actual es "buena" o "excelente", 23 puntos más que en la edición anterior, mientras que un 36% la ve "regular", siendo Baleares, País Vasco y la Comunidad de Madrid las más optimistas respecto a la evolución de las economías de su región y Cataluña, Extremadura y Asturias las que expresan valoraciones más moderadas.
Más allá de las habituales diferencias territoriales, los datos reflejan "la estabilización de la economía y que los ajustes realizados en los últimos años están dando sus frutos", en opinión del presidente de KPMG, Hilario Albarracín. Coincide con él el presidente de la CEOE, Juan Rosell, para quien "2017 ha vuelto a demostrar que la economía española sigue por la senda de la recuperación, con un crecimiento del PIB del 3,1% y cifras de creación de empleo en torno a las 600.000 personas".
"Desde el sector empresarial pedimos reformas estructurales y advertimos de que, sin ellas, y con la incertidumbre política, la excesiva carga regulatoria y las tensiones geopolíticas, nos podríamos encontrar con serias limitaciones para la economía española", avisa Rosell.
Precisamente, la principal amenaza identificada para la economía española en 2018 es la incertidumbre política (82% de las respuestas), seguida de las tensiones geopolíticas (40%). Por otro lado, a la hora de apuntar las prioridades en el ámbito económico para el Gobierno de España, los empresarios y directivos piden, especialmente, simplificación administrativa, educación y formación para el desarrollo de competencias y el fomento de la innovación.
Optimismo a 12 meses vista
A doce meses vista, la tendencia no cambia, aunque sí se estabiliza. Más del 50% de los casi 1.900 empresarios consultados considera que la situación se mantendrá igual en 2018, mientras solo un 11% teme que empeore.
Con este telón de fondo, las previsiones de negocio para este año son positivas, hasta el punto de que el 77% de los directivos prevén un repunte de la facturación, el 15% espera estabilidad y solo un 7% advierte de una caída de las ventas.
Respecto a los planes de inversión, un 57% tiene en agenda aumentarlos, especialmente en nuevas herramientas tecnológicas, y solo un 9% cree que acabará reduciéndolos.
Sus previsiones sobre la evolución de las plantillas también son positivas: el 45% espera realizar más contrataciones, el 39% augura estabilidad y el 17% prevé llevar a cabo ajustes. Todo en un contexto en el que la transformación digital gana terreno entre las prioridades estratégicas del empresariado español.
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