Si el Gobierno de Mariano Rajoy empieza a ver más cerca los Presupuestos Generales de 2018 es porque confía en que antes de que acabe el mes de marzo, en un plazo máximo de tres o cuatro semanas, se constituya un nuevo Govern en Cataluña, lo que levantaría de manera inmediata la aplicación del artículo 155 y precipitaría el acuerdo para cerrar las Cuentas Públicas congeladas desde el mes de septiembre.
Según fuentes parlamentarias procedentes de Ciudadanos, el ambiente que se respira en estos momentos en Madrid es exactamente ese. "Parece que ahora el acuerdo va en serio, aunque también es cierto que el Gobierno no nos ha vuelto a llamar todavía para hablar de los Presupuestos. Las cosas han cambiado de septiembre a febrero, por ejemplo, los datos de ingresos y gastos no son los mismos. Tampoco conocemos los de deuda y déficit al cierre del año. Pese a ello, la intención de Ciudadanos es la de negociar. Además, sabemos que el PNV ha dado vía libre a los Presupuestos. Pero es verdad que estamos pendientes de Cataluña", admite otra de las fuentes consultadas.
De la negociación al escollo
Precisamente del tema presupuestario se refirió ayer el presidente de UPN, Javier Esparza, quien reconoció "algún contacto" con el Go-bierno de España para abordar la negociación de los Presupuestos Generales .
En el caso de Coalición Canaria, la referencia son las negociaciones de septiembre. Quedan flecos de entonces, pero pocos a la vista. Hace pocas semanas, Rajoy se reunió con el presidente canario, Fernando Clavijo, y Cristóbal Montoro hizo lo propio con la consejera de Hacienda, a propósito del REF.
Pero el problema mollar, coinciden dirigentes de distintas fuerzas políticas, más allá de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la dimisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica, es la formación de un Govern efectivo, sin tachas judiciales que despierten una segunda edición del 155, y que deje de presionar para que no se escape el tiempo de la tramitación presupuestaria.
Aunque esa no es la preocupación de los soberanistas en estos momentos, enredados con el reparto de carteras y consejerías y trabajando con una información difusa sobre la legitimación este jueves de Carles Puigdemont como president simbólico desde Bruselas.
En respuesta a estos movimientos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, supeditó ayer la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña no tanto a quién sea el futuro presidente como a que la Generalitat cumpla la ley y sus obligaciones. Eso sí, remarcando que no cree que Jordi Sánchez, en prisión provisional, esté en condiciones de asumir la responsabilidad de gobernar.
Entre tanto, Cristóbal Montoro trabaja para cerrar Presupuestos, siempre y cuando el 155 se venga abajo a tiempo, o el PNV no ponga objeciones si el artículo y las Cuentas se solapan.
Pendiente de algunos frentes, Interior y Hacienda trabajan por cerrar la equiparación salarial de las FCSE, el incremento del sueldo de los funcionarios, el uso del superávit de las corporaciones locales o, el último anuncio de Montoro, una deducción en el IRPF para las personas en edad "muy avanzada".
