El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sugirió este jueves que el Gobierno perdonará los intereses que las autonomías deben al Estado por los préstamos que han ido recibiendo del fondo de liquidez FLA. Editorial | Parches financieros para las CCAA
"No tiene sentido que cuando estamos hablando de otorgar nuevos recursos a las autonomías para sanidad, educación y protección social, el Estado se financie a través de la deuda que éstas tienen contraída con el propio Estado", manifestó antes de su intervención en la Junta Directiva de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Esta idea es de menor calado y trascendencia política que la quita que, en algunos momentos de los últimos meses, ha llegado a barajar el gabinete del ministro.
A juicio de Montoro, iniciativas como la de condonar el pago de intereses se deben aprobar "con equidad" y "sin agravio comparativo entre regiones". Es decir, que el Ministerio, en función de lo que escucha estos días en el Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal, se plantearía hacer extensible el perdón a todas las comunidades. Porque todas, a excepción de las de Régimen Foral, han echado mano de los fondos de Hacienda desde que se instauraron en el año 2012.
Según cálculos efectuados por elEconomista, el perdón al pago de intereses ahorraría a las arcas regionales unos 5.000 millones de euros, cantidad muy valiosa si se tiene en cuenta que los gobiernos autonómicos deben a día de hoy al Estado algo más de 157.000 millones. La cantidad no es mayor porque, a lo largo de la vida del FLA, Montoro fue flexibilizando los criterios hasta prestar a tipo cero en los años 2015 y 2016, pero hay que recordar que en 2012, primer año de vigencia del mecanismo, se adelantó dinero a un interés superior al 5% (luego modificado a la baja).
Está claro que eximir del pago de intereses a las autonomías beneficiará sobre todo a las mayores usuarias de los Fondos de Hacienda, que hasta la fecha han sido Cataluña, Valencia y Andalucía. Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha, que deben entre el 65% y el 77% de su pasivo al Estado, también se verían fuertemente agraciadas.
Lo que Hacienda sigue sin confirmar es el alcance de la reestructuración de la que ahora se habla. La famosa quita, por ahora, parece descartada por la enorme polvareda que levanta incluso entre algunas autonomías que gobierna el PP, partido del mismo signo del Gobierno.
Aún así, desde el entorno del ministro se recuerda que si el Estado decidiese asumir parte del principal de la deuda de las regiones "no podría hablarse de una quita", pues esa deuda solo pasaría de unas manos a otras en el seno de esa "relación financiera" a la que suele referirse Montoro cuando habla de las transferencias entre la Administración Central y los territorios.
Cuentas y financiación, ligados
La reestructuración de la deuda autonómica se ha convertido en asunto de gran importancia de cara al futuro de la legislatura porque podría desbloquear la financiación autonómica, primero; y los Presupuestos Generales del Estado de 2018, después. El Gobierno parece haber cambiado su estrategia y busca, con gestos millonarios como el de la condonación del pago de intereses, al PSOE, clave para el futuro marco financiero autonómico al gobernar en siete comunidades.
Es así desde que Montoro se diera cuenta de que el acuerdo presupuestario con su socio prioritario hasta ahora, Ciudadanos, está muy complicado. El ministro se quejaba de las "excusas" que está poniendo el partido de Albert Rivera para firmar las cuentas -éste último exige la dimisión de la senadora Pilar Barreiro para suscribir el pacto-.
De esa soledad nace ahora la necesidad de contar con los socialistas, que, según fuentes de dos gobiernos autonómicos, se saben buscados por el Ejecutivo. Y siempre a cambio de algo: la abstención a los Presupuestos para este año.
