Es sabido que Nicolás Maduro se vale de todo tipo de artimañas para "ganar" elecciones. Ahí están la constante intimidación y la persecución de la oposición. O la presión ejercida sobre el Consejo Nacional Electoral, CNE. Es, quizá, menos conocido el llamado Carnet de la Patria, documento de identificación que incluye un sistema de códigos de respuesta rápida que permite conocer el estatus socioeconómico de la población y agilizar el método de las famosas misiones bolivarianas, los programas de asistencia social desarrollados durante los gobiernos de Hugo Chávez.
El régimen ha masificado estos bonos supuestamente para los sectores más vulnerables. Hace mucho tiempo que dejó de ser una vía de satisfacer las necesidades más básicas y urgentes; hoy es la única manera de paliar de algún modo la carestía y escasez crónicas. 16 millones y medio de venezolanos (casi la mitad) tienen este carnet y dependen de él para subsistir.
En realidad Maduro abusa de esta tarjeta para asegurarse la lealtad electoral de la población y diversifica su uso en la medida en que se acerca el proceso de las presidenciales. Viene a ser ni más ni menos que la "vía para el empadronamiento para los comicios". Una garantía del rédito electoral. La logica es a la vez simple y perversa: "te doy y tú me votas porque dependes de mí". Bajo la amenaza del control a través del código QR, muchos ciudadanos sucumben ante el temor de que su voto sea descubierto.
Para sostener los gastos el gobierno debe tener algún flujo de dinero corriente. Queda, pues, la pregunta de dónde sale el dinero para las asignaciones. En todos los periodos hiperinflacionarios hay escasez de billetes. Desde diciembre de 2016 el chavismo lleva a cabo una masiva emisión de dinero electrónico. Es cierto que esto va a producir una enorme demanda de efectivo. Así, al expandirse la base monetaria a través de este sistema se está potenciando -aún más- la inflación. Esta no se dispara únicamente con liquidez monetaria. Al inyectar capital a cualquier economía donde no hay productividad se potencia la inflación, por cualquier mecanismo.
Toda esta cantidad de bonos, considerando los ingresos fiscales, se están emitiendo a través del carnet de la patria bajo el mecanismo antes descrito a modo de "programa asistencial". Por esta razón, todo lo que el Ejecutivo está prometiendo se está financiando mediante la creación de dinero de la nada, que es la fuente del problema.
Precios aún más disparados
La situación no hace otra cosa que producir un aumento de los precios. La liquidez monetaria tuvo una variación del 1.000 por cien el pasado año, a una razón del 5% semanal, siendo noviembre el mes más elevado con variaciones de 14% en una semana. Mientras tanto el Producto Interno Bruto disminuyó en un 15%.
Y a su vez se produce mayor dependencia, si cabe, del programa asistencial. Es esta, a todas luces, la estrategia de un régimen que ha sumido Venezuela en el abismo de una crisis humanitaria sin precedentes -sin medicinas, ni siquiera alimentos- el desplome del crecimiento y una hiperinflación que conforme estimaciones no oficiales habría llegado al 4.000 por cien en 2017.
En el ámbito político, el que las negociaciones entre el régimen y la oposición venezolanos en Santo Domingo hayan quedado en estado de "suspensión indefinida" se debe al propio Maduro. En su afán de hacerse con el control total del poder se resiste a asegurar reglas y garantías elementales para que la oposición pueda participar en condiciones justas en las elecciones presidenciales.
Unos comicios que la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por chavistas y que de modo ilegal ha suplantado a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- convocó anticipadamente. El mismo Maduro las ha fijado de forma arbitraria para el 22 de abril. Si bien el régimen simula dar garantías de ecuanimidad y de acceso a los medios, no está dispuesto a renunciar a prácticas como las cadenas nacionales obligatorias y otras contrarias a cualquier proceso democrático normal.
Es imposible que en tan poco tiempo la oposición pueda organizarse de forma razonable para enfrentarse a la maquinaria del chavismo, que se ha infiltrado y domina todas las instituciones del Estado. Incluso por sentencia judicial se ha impedido participar en las elecciones a las principales figuras opositoras; tan solo este hecho resta ya toda legitimidad democrática al proceso.
La Mesa de Unidad Democrática -que reúne a una treintena de partidos-, fragmentada y con una crisis muy seria de liderazgo, está dividida por diferencias sobre la estrategia para apartar a Maduro del poder. La MUD debe decidir si participa en las próximas presidenciales.
El sucesor de Chávez, sin el carisma de este y habiendo profundizado una brutal crisis política, económica y social de la antaño potencia petrolera, sí ha sabido resquebrajar la unidad de sus oponentes y rivales. Si no se cierra por completo y opta por participar -aunque sea bajo las irregularidades impuestas por Maduro- la oposición debe ir no con varios sino con un solo candidato elegido por consenso o en primarias.
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