Pese a que las dos últimas reformas de nuestro sistema de pensiones, de los años 2011 y 2013, avanzaron en la sostenibilidad del sistema y equipararon a España con el resto de socios europeos en parámetros como el de la edad de jubilación o el de años necesarios para cobrar el cien por cien de la cuantía, lo cierto es que hay una magnitud, el periodo válido para el cómputo de las prestaciones, que hace de nuestro modelo uno excesivamente generoso. Mientras que en casi toda Europa se usa ya toda la vida laboral del futuro jubilado, en nuestro país se usan hoy por hoy los últimos 21 años. Ese periodo aumentará hasta los 25 años en el año 2022.
Sólo dos pequeños países jóvenes en el club europeo, Malta y Eslovenia, presentan alguna ventaja adicional respecto al caso español, y en ello influye de manera determinante su posición de receptoras netas entre los Veintisiete. En Eslovenia, para el cálculo de la pensión se utilizan los 24 mejores años consecutivos de la trayectoria laboral. Y en Malta, con un envejecimiento poblacional menor respecto a la media europea, se escogen los 10 años más positivos de los últimos 40, aunque cabe decir que para el cobro del cien por cien de la pensión la trayectoria tiene que ser mucho más amplia que en el caso español (35 años).
Los grandes de Europa, Alemania, Francia e Italia, hicieron sus deberes en este ámbito con anterioridad. El modelo alemán, a caballo entre el sistema de reparto y el de capitalización, calcula la pensión con toda la vida laboral del individuo. Y algo similar sucede con Italia, que en su caso usa el sistema de cuentas nocionales. El caso francés es distinto: hasta hace poco su Seguridad Social era la más generosa de toda Europa, ya que permitía calcular las primeras pensiones de los beneficiarios en función de los 25 mejores años de la trayectoria laboral del individuo. Ahora, sin embargo, se usan hasta 43 años para determinar las cuantías, lo que ha provocado que se introduzcan en el mecanismo de cálculo bases de cotización antiquísimas con el consiguiente efecto en el bolsillo de los pensionistas.
Vamos a la convergencia
Pocos expertos dudan de que la próxima vuelta de tuerca del Pacto de Toledo aproximará aún más a España al resto de socios europeos. El PP reconoce que ha propuesto al Congreso que los 25 años actuales se aproximen "a 27, 28 o 30", periodo que se parece más al de otros socios. Y eso implicará, sin duda, "un recorte de gasto en las pensiones del futuro".
No es un fenómeno nuevo: en casi todas y cada una de las reformas de pensiones acometidas en nuestro país se ha ampliado el periodo que computa para el cálculo de las pensiones. En los primeros años de la Democracia se usaba el último bienio del trabajador, algo que si se hiciera ahora, cuando los jubilados se están retirando con una media de más del 80 por ciento de su último salario, arruinaría al sistema. De dos años se pasó a ocho con Felipe González, y después ese periodo casi se duplicó hasta los 15 años. Por último, la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 elevó el periodo de 15 a 25 años con una implantación progresiva hasta el 2022.
